Según el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortíz, la declaración de la “Alerta roja preventiva” decretada para 9 departamentos y la declaratoria de emergencia para 24, por parte del Gobierno Nacional, debido al incremento de las lluvias y la saturación de agua en los suelos, compromete a las entidades competentes a agilizar las obras de construcción de los muros de contención para enfrentar con eficacia la segunda ola invernal en la Costa Atlántica.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, sostuvo que, de acuerdo con un estudio preliminar adelantado por la Defensoría del Pueblo en algunos de los municipios afectados en zonas como la del Canal del Dique y la Mojana en los departamentos del Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, se ha encontrado que hasta el momento no se han podido iniciar las obras de construcción y adecuación de “jarillones” o muros de contención que impidan el desbordamiento de los ríos que afectaron con inundaciones los municipios ribereños en la ola invernal de 2010.
Igualmente, el Defensor del Pueblo indicó que en los municipios de San Pelayo, Purísima y Ayapel en el departamento de Córdoba, y San Cristóbal en departamento de Bolívar, no se han podido iniciar las obras de adecuación y construcción de los muros de contención que eviten las inundaciones.
De acuerdo con información obtenida por un equipo de funcionarios de la Defensoría Delegada del Medio Ambiente que visitaron las zonas mencionadas, funcionarios de esos municipios sostuvieron que los estragos que puede causar la actual ola invernal pueden ser mayores que los del 2010, porque, además de filtrarse el agua por los jarillones averiados, el suelo aún está húmedo e inundado en algunas partes, lo cual disminuye la capacidad de infiltración de las aguas al subsuelo y aumenta el nivel de la inundación.
“La Defensoría del Pueblo encontró mediante una visita a los municipios de Majagual y Guaranda en el Departamento de Sucre que a la fecha no se han podido iniciar las obras de construcción de mitigación y taponamiento en donde los ríos han causado fuertes inundaciones desde la ola invernal en el 2010”, señaló el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías- INVIAS- la falta de iniciación de las obras en el Departamento de Sucre, para lo cual el Gobierno nacional destinó 15.000 mil millones de pesos, se debe a situaciones administrativas relacionadas con retrasos en la contratación de las mismas y en el diseño requerido.
Así mismo se encontró que la maquinaria para adelantar los trabajos de taponamiento de los chorros o bocas de agua por las que ingresan los ríos en el municipio de Majagual se encuentra sin operar, y la comunidad, con sus propios recursos, viene haciendo esfuerzos para evitar inundaciones en los predios rurales y urbanos. Para enfrentar la emergencia y las afectaciones que puedan ocasionar a las poblaciones más vulnerables del país, la Defensoría del Pueblo insta a la Dirección de Gestión del Riesgo para la Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior y de Justicia, al Fondo Nacional de Calamidades, a las Gobernaciones de los Departamentos, a la Corporaciones Autónomas Regionales y las Alcaldías Municipales, a gestionar las obras que se requieren para construir y adecuar los jarillones averiados por la ola invernal pasada con el fin de prevenir inundaciones en estos municipios con las consecuentes implicaciones para la seguridad y salubridad públicas de los habitantes de esas regiones del país.
Para tal efecto, se requiere, desde luego, que el Fondo de Calamidades gire oportunamente los recursos para impulsar las construcción de los muros de contención que se puede obstaculizar por la intensificación de las lluvias.
Emergencia humanitaria por las lluvias
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, hace un llamado al Comité Regional para Atención de Desastres (Crepad) en el Departamento de Antioquia para las entregas urgentes de los suministros de alimentos, provisiones de agua, habilitación de albergues y atención médica que permitan atender a los 45 mil damnificados de la ola invernal que ha afectado a 37 municipios del oriente antioqueño y de la subregión del Magdalena Medio.
Así mismo, instó a las autoridades competentes a agilizar la entrega sobre el terreno de los materiales, los útiles escolares y las provisiones para evitar que 4.609 niños y jóvenes vinculados a instituciones educativas en el Magdalena Medio antioqueño se les cancele el ciclo escolar por las inundaciones de las aulas.
La actual emergencia invernal, derivada de las fuertes lluvias en lo transcurrido de 2011, también ha provocado deslizamientos y evacuaciones en algunos barrios del suroriente de Bogotá, como San Juan de Usme, El Pedregal y Tocaimita. El Aumento del caudal del Río Bogotá, que amenaza con desbordarse en su ribera occidental, provocó la declaratoria de la alerta roja en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Kennedy.
Ante la situación de emergencia que padecen los habitantes de las localidades mencionadas en Bogotá, el Defensor del Pueblo indicó que se debe avanzar rápidamente en la construcción de muros de contención en las márgenes de los ríos Bogotá y Tunjuelito, así como el dragado permanente del cauce de los mismos.
Del mismo modo, el Defensor del Pueblo insta a las autoridades competentes del orden regional y nacional a avanzar en la elaboración del censo de la población afectada por la avalancha que destruyó 300 viviendas y afectó a 238 familias en el municipio de Utica en el departamento de Cundinamarca, por el desbordamiento de río “negro” y la quebrada “negra”, para hacer efectiva la ayuda humanitaria de emergencia y concluir la adecuación para hacer los albergues provisionales que requieren con urgencia los damnificados.
Según información allegada a la Defensoría del Pueblo la ola invernal en el Departamento de Cundinamarca ha afectado a 68 municipios y 14.800 familias han resultado damnificadas. El Defensor del Pueblo también advirtió a las autoridades competentes de los posibles deslizamientos e inundaciones en los municipios de Cabrera, San Antonio del Tequendama, El Colegio, Viotá, Girardot, Jerusalen, Guataquí, Nariño, Beltrán y Puerto Salgar, así como del posible desabastecimiento de la producción agrícola y pecuaria de algunos municipios en la Sabana de Bogotá y la región de Ubaté.
Igualmente, el Defensor del Pueblo le solicita a las autoridades agilizar la atención a los miles de damnificados por la ola invernal que ha afectado el Eje Cafetero, la zona Andina, el sur occidente del país, la zona oriental y el Departamento de Antioquia, así como las familias afectadas por los desbordamientos de los ríos Magdalena, Cauca, Atrato, Bogotá y Cauca.
El Defensor del Pueblo también solicitó de los organismos que integran el Comité Regional de Atención y Prevención de Desastres en el Norte de Santander, avanzar en la identificación de las necesidades de los habitantes de los municipios de Herrán y Ragonvalia para canalizar las ayudas humanitarias que requieren con urgencia estas comunidades, dado que las lluvias provocaron derrumbes en la zona y se encuentran suspendidos los servicios de agua y luz.
Según la Dirección del Riesgo de la Presidencia de la República entre 2010 y 2011 alrededor de 3 millones 43 mil 402 personas han resultado afectadas por el invierno, 714 mil 229 familias reportadas, 418 muertos, 516 heridos y 77 desaparecidos en 28 departamentos. Del mismo modo, el monitoreo de la situación invernal para el 2011 registra un total de 208 mil 581 personas afectadas, 48 mil 109 familias, 90 muertos, 79 heridos y 15 desaparecidos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia.