El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, expresó su profunda solidaridad con los familiares de las 11 personas que murieron y con las 78 que resultaron heridas (24 menores de edad y 54 adultos), nueve de ellos con graves quemaduras, como consecuencia de la explosión en un tramo del Poliducto Salgar–Cartago, ocurrido en la madrugada del pasado viernes 23 de diciembre en el sector de Villa Carola en el municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda.
“La Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad con las personas que resultaron afectadas por la explosión causada por una fuga de gasolina en el sector del barrio Villa Carola y ofrece su disposición de acompañar a las víctimas con los servicios institucionales de la Entidad”, dijo el Defensor.
Asimismo, instó a las autoridades competentes a establecer el origen de la oleada de fuego que desencadenó la fuga de gasolina en el sector, dado que los pobladores del lugar manejan distintas hipótesis sobre la explosión que incluye, desde el robo de combustible por parte de mafias organizadas hasta el desgaste material del tubo que se encontraba a dos metros de profundidad.
“Es necesario identificar el origen de la explosión y establecer si se debió a personas que intentaron hurtar combustible del poliducto, o si, por el contrario, obedeció a una falla técnica. Ecopetrol debe garantizar la atención que requieren las víctimas», aclaró Pérez Ortiz.
Las autoridades de Risaralda reportaron el día de la tragedia una relación parcial de víctimas mortales que incluye los nombres de Elizabeth Agudelo Guerrero (30 años), Flor de María Guerrero (57 años), Carlos Arturo Navarro Fernández y Diomar Fernández.
400 damnificados
De acuerdo con información allegada a la Defensoría del Pueblo la explosión del poliducto dejó alrededor de 400 personas damnificadas; del mismo modo, provocó la destrucción de más de 30 viviendas y dejó sin servicio de agua por efecto de la contaminación con gasolina a 2.000 familias, que corresponden a 24.000 usuarios del municipio de Dosquebradas.
Los heridos que presentan quemaduras de alto grado han sido atendidas en el hospital local de Dosquebradas y en diferentes centros hospitalarios de Pereira. Hasta la tarde del viernes 23 de diciembre, las autoridades locales y los socorristas no habían podido establecer el número de desaparecidos.
Igualmente, la Defensoría del Pueblo recibió información en el sentido de que la atención a los heridos a través la Red Hospitalaria del departamento de Risaralda, se realizó en el E.S.E Hospital Universitario San Jorge, la Clínica Comfamiliar Risaralda, la Clínica Los Rosales , la Clínica cardiovascular del niño, E.S.E Hospital Santa Mónica, Clínica Cruz Verde y la Clínica Saludcoop.
Responsabilidades e impacto ambiental
De otra parte, el Defensor del Pueblo informó que la explosión del poliducto provocó el derrame de gasolina sobre la quebrada Agua Azul, lo que debe generar la implementación urgente, por parte de Ecopetrol, de un plan de contingencia para evitar graves afectaciones ambientales sobre el cauce de agua.
“El Plan de contingencia que requiere esta emergencia debe limitar la extensión del derrame de combustible sobre las fuentes de agua que alimentan la quebrada Agua Azul para impedir la contaminación de los suelos y del agua que es utilizada por las poblaciones vecinas al municipio de Dosquebradas. De este modo, se podrán agilizar los procedimientos técnicos que permitan restablecer el servicio de agua en la cabecera municipal”, señaló.
La Defensoría del Pueblo fue informada por los habitantes del lugar que la mancha de gasolina recorrió aproximadamente 3 kilómetros quebrada abajo, registrándose tres explosiones a las 4:50 a.m. que afectaron la vida, el medio ambiente y los bienes de 140 familias.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo instó a Ecopetrol a suministrar información veraz y confiable sobre los hechos que dieron a lugar a la explosión del poliducto y evaluar los daños causados ante la emergencia creada por el derrame de gasolina y atender con urgencia a las comunidades afectadas por este hecho lamentable.»
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia