El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, solicita la inmediata intervención de las autoridades competentes con el fin de atender la situación humanitaria que se registra en la cabecera municipal del Distrito de Buenaventura a raíz del desplazamiento de más de 800 personas de las veredas Sabaletas, Limones, Guaimia, San Marcos, Agua Clara y Llano Bajo, ubicadas en el Corregimiento el Ocho, cuenca del río Anchicayá.
Asimismo, requirió de las autoridades se adopten medidas de prevención ante el desplazamiento masivo del Consejo Comunitario de la vereda Guayabal por la desaparición forzada de la señora Ana Julia Rentería, Presidenta de la Junta del Consejo Comunitario del Río Cajambre y de su esposo Miguel Santos Rentería, en hechos ocurridos el 2 de marzo de 2011.
Según la información suministrada por la Personería Distrital de Buenaventura, las víctimas de desplazamiento pertenecen a las comunidades de Guaimía (29 familias), vereda San Marcos (50 familias), vereda Sabaletas (81 familias), vereda Limones (32 familias), vereda Agua Clara (42 familias) y vereda Llano Bajo (81 familias), ubicadas en el Corregimiento el Ocho, cuenca del río Anchicaya, para un total de 315 hogares, que corresponde a 807 personas: 191 niños, 179 niñas, 221 mujeres, 170 hombres, 46 adultos mayores.
Pese a que las familias comenzaron el éxodo forzado desde el día cuatro (04) de marzo del presente año, solo hasta el día de ayer 14 de marzo se informó a las autoridades competentes de los hechos sucedidos.
Este evento de desplazamiento masivo es consecuencia de una sucesión de hechos violentos por parte de los grupos armados ilegales que se han venido presentando en esta zona rural durante los meses de febrero y marzo de 2011 relacionados con asesinatos de civiles y confinamientos a la población en esa zona del país.
Escenario de riesgo advertido por el SAT.
La Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas –SAT-, advirtió en la Nota de Seguimiento 027 del 13 de diciembre de 2010 de la dinámica violenta que se ha venido agudizando en la zona urbana y rural del Distrito de Buenaventura por el accionar del frente 30 de las FARC y las nuevas estructuras armadas ilegales que se disputan el control territorial para la producción y tráfico de estupefacientes y el control de la explotación minera.
El Sistema de Alertas tempranas- SAT- , advierte sobre la persistencia de las causas, efectos e impactos desproporcionados del desplazamiento forzado en el Distrito de Buenaventura que se presenta tanto en el área rural como en la urbana.
De acuerdo con las cifras oficiales del registro único de atención al desplazamiento forzado, el municipio de Buenaventura figura como el sexto municipio con mayor recepción de población desplazada con 74.573 personas (2,1% del total nacional) y el tercer municipio expulsor con 2.328 personas (2,4% del total nacional).
La situación de riesgo en la zona rural de Buenaventura se ha agudizado por las acciones del Frente 30 de las FARC en las áreas rurales colindantes con la cabecera urbana de Buenaventura y por la vulneración de los derechos fundamentales individuales y colectivos de las comunidades étnicas por parte de los grupos armados ilegales que se disputan el control de la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas. En el pasado las comunidades del corregimientos el ocho fueron víctimas de masacres y desplazamientos por parte de grupos armados ilegales.
La situación de riesgo en la zona rural de Buenaventura la está provocando el avance de la explotación minera de forma ilegal y la vulneración de los derechos fundamentales individuales y colectivos de las comunidades étnicas por parte de los grupos armados ilegales que se disputan el control de la minería ilegal.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia.