El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, condenó dos ataques terrestres ocurridos el domingo 14 de febrero en los departamentos de Guaviare y Huila y que dejaron un saldo de seis muertos y siete heridos, entre ellos un alcalde y un candidato a una gobernación, e hizo un llamado a los cuerpos de seguridad del Estado para que garanticen la protección de la población civil en estas dos regiones de Colombia afectada severamente por la violencia de los grupos armados al margen de la ley.
Ataque en Guaviare
El domingo, hacia las 3 de la tarde, en el sitio Tres Cejas, inspección de El Capricho, a una hora de San José del Guaviare (Guaviare), presuntos integrantes de las FARC atacaron y emboscaron una caravana de vehículos en la que se movilizaba José Alberto Pérez Restrepo, candidato a la gobernación de ese departamento, quien resultó herido en el cuello y en la pierna izquierda.
En el ataque fallecieron cuatro policías, Didier Fabián Zuleta Quintero, Jesús David Román Torres, Sandro Asdrubal Jiménez Guayará y Jeison Gaizón Carrillo, y dos civiles, Jorge Galindo Tibaduiza (conductor) y Ronald Edinson Enciso Pineda (jefe de seguridad del candidato).
Resultaron heridos, además del candidato Pérez Restrepo, el intendente de policía Jesús Darley García Valdez, el subintendente Jorge Enrique Gelvez Jiménez, el patrullero Óscar Iván Vargas Martínez y el menor de edad Héctor Julián Gutiérrez.
Alerta Temprana
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT), desde octubre de 2007, a través del Informe de Riesgo No. 027-07AI, para los municipios de San José (Guaviare) y Puerto concordia y Mapiripán (Meta), viene advirtiendo sobre la situación de riesgo para la población civil, en especial las comunidades indígenas, colonos, funcionarios públicos, niños y niñas, a consecuencia de las acciones de grupos armados ilegales (FARC y estructuras armadas ilegales postdesmovilización de las AUC autodenominadas ERPAC) que se disputan el control territorial de manera ilegal sobre la población y sus actividades. Esta situación ha sido advertida durante los últimos dos años a través de dos Notas de Seguimiento: la No. 034 (10 de octubre de 2008) y la No. 024 (6 de octubre de 2009).
Según la información analizada en estos documentos de advertencia, la presencia de la guerrilla de las FARC en esta zona del país, aunque reprimida en los últimos meses por las acciones de la fuerza pública, sigue presente y sus acciones tienden a recrudecerse en las zonas rurales más apartadas donde el confinamiento de la población y los retenes en las vías hacen parte de su estrategia de intimidación de la población en las zonas donde buscan ejercer influencia. El riesgo advertido en dichos informes, lo aumenta la actual coyuntura electoral atípica del departamento así como las próximas elecciones al Congreso y la Presidencia de la República.
Ataque en Huila
Por otra parte, en lo que pareció ser un intento de atraco por parte de delincuencia común, ayer resultó gravemente herido Héctor Horacio Castro, Alcalde de El Agrado (Huila), quien se desplazaba en su vehículo por la vía Garzón – El Agrado. Se desconocen los detalles de la acción, lo cierto es que el Alcalde resultó con una herida de bala en la espalda que lo mantiene en un estado de salud delicado. La Personera de El Agrado dijo que ella alcanzó a escapar del sector porque le advirtieron que estaban atracando en esa carretera. Al parecer este es el sexto atraco de “piratas terrestres” que se comente este año en ese departamento.
El Defensor del Pueblo señaló que con el accionar de las FARC en Guaviare, las FARC quebrantan en forma grave las normas protectoras del Derecho Internacional Humanitario, DIH, (artículo 13 del Protocolo II), que obligan a los movimientos insurgentes a sustraer a la población civil de los rigores de la confrontación armada.
Agregó que estos actos de violencia, amedrentan y aterrorizan a la población civil, especialmente a la que se moviliza por las carreteras del país. Es claro que con estas acciones las FARC, no solo vinculan peligrosamente a la población civil a la confrontación, sino que también la victimizan en su integridad y en sus bienes. El Defensor del Pueblo también llamó la atención a los mandos responsables de la Fuerza Pública en Guaviare y Huila, para que adopten medidas eficaces que les garanticen el derecho a la seguridad a los habitantes de esos dos departamentos.
Fuente: Tomado de la Defensoría del Pueblo de Colombia