COLOMBIA: Crónica de Enrique Rivas, asesor de la Unidad de Atención Integral a Víctimas

En un cara a cara, le preguntaron a los victimarios el por qué torturaron, asesinaron, secuestraron y desplazaron a sus comunidades.

 

Al momento de subir al estrado de la sala de audiencias del Tribunal de Justicia y Paz en Bogota, Alexander Villarreal, confesó su timidez. Lo hizo en calidad de víctima y con la sinceridad de aquellos campesinos que aún respetan el valor de la palabra: sin rodeos pero con cierto temor de estar frente a sus verdugos y unas cámaras televisión. Aún así, después de una digna y ejemplar intervención, cuestionó a los victimarios, los escuchó, los perdonó, les regaló dos biblias y luego recibió un abrazo de uno de ellos.

 

Esta es quizá una de las escenas más conmovedoras que se han vivido hasta el momento, desde que el lunes pasado se diera inicio al incidente de reparación integral dentro del proceso contra los ex jefes paramilitares Edgard Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, y Úber Enrique Banquez Martínez, alias “Juancho Dique”, confesos autores de la masacre de 11 inermes labriegos de las comunidades de Mampuján, San Cayetano y Las Brisas, en el departamento de Bolívar durante los días 10 y 11 de marzo de 2000.

 

Hoy, diez años después de los hechos, y después de haberse desmovilizado en el marco del proceso de justicia y paz, a estos dos mandos del bloque Héroes de los Montes de María se les acusa del desplazamiento forzado de 663 personas, homicidio y secuestro, durante la absurda incursión paramilitar que dejó más de 1.400 víctimas en estos corregimientos de los municipios de María La Baja y San Cayetano (Bolívar), en las estribaciones de los Montes de María.

 

El incidente se inició en la maña del 26 de abril, con el reconocimiento de los 11 defensores públicos la Defensoría del Pueblo encargados de llevar la representación judicial de las víctimas en forma mayoritaria, los abogados de confianza de algunos integrantes de las comunidades, de los representantes de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público, los apoderados de los ex paramilitares, y un recuento de lo que se llamó después la ruta de la muerte.

 

En la primera audiencia también se reconoció a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), entidad nacida a la luz de la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), que junto a las mencionadas instituciones, ha venido acompañando y preparando a las víctimas para el adelanto del incidente de reparación con el cual se busca garantizar que se les repare en forma individual y colectiva a estas comunidades.

 

La audiencia es transmitida vía satélite simultáneamente en Cartagena, Mampuján y San Cayetano, donde un promedio de 300 víctimas diarias han estado acompañadas y asistidas por funcionarios de la Defensoría del Pueblo (la Unidad de Atención Integral a Víctimas, abogados y profesionales de la psicología de la Defensoría del Pueblo), quienes comparten labores con la CNRR, la Fiscalía, la Procuraduría, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), y el PNUD.

 

“Qué sintió al torturar a mi familia”

 

El martes pasado, cuando aún las víctimas cargaban sobre sus espaldas el miedo de encontrarse frente a frente con sus victimarios, surgió en medio de los asistentes a la audiencia una robusta mujer que se convirtió en la primera persona que abrió paso a la cadena de interrogantes y verdades que fueron saliendo a la luz pública por boca de alias “Diego Vecino” y “Juancho Dique”.

 

Se trata de Marta Posso, autorizada por la magistrada Uldi Teresa Jiménez López para intervenir en la audiencia. Ella exhibió la foto de su padre Joaquín Fernando, y de ahí en adelante comenzó, en medio de sollozos, su interrogatorio. Con la mirada un poco difusa, narró cómo su padre y dos hermanos más fueron torturados por los miembros de las autodefensas que participaron en la masacre.

 

“¿Será que no tienen corazón?”. “Yo no sé qué estaban pensando en ese momento (de la masacre)”, cuestionó la señora Posso al narrar las penurias que ella y el resto de la comunidad tuvieron que vivir luego de que la muerte arrasara sus veredas y se llevara en camiones las cosechas de maíz, ñame y yuca.

 

Momentos después de que sus interrogantes invadieran la sala y las miradas de los asistentes se clavaran sobre los verdugos, Marta advirtió: “Me siento muy incómoda y me da miedo cuando me miran y me miran (en este momento). Sin embargo, los sigo viendo y les digo que por el amor de Dios, que es grande y maravilloso, que todavía es tiempo de que puedan limpiar sus almas y su conciencia, y… puedan hacer algo por su bien y su familia”.

 

Las preguntas siguieron su curso y Marta quería resolver otro interrogante que la venía atormentando, pero debía preguntárselo a alias “Juancho Dique”: “¿Qué sintió al torturar a mi familia? ¿Estaba drogado? El hombre dijo que no los había torturado o despellejado como afirmó la víctima, y que tampoco estuvo drogado. Señaló que alias “Cadena”, ordenó asesinar a todos los hombres sin misericordia. “La orden era darles un tiro y degollarlos”.

 

Pero Marta no quedó convencida, ya que en Mampuján habían visto a los paramilitares inhalar un polvo blanco. En ese instante, Edward Cobos intervino: “Dona Marta, no quiero que quede la duda de que se está faltando a la verdad. Pudo suceder, que como lo explicaba (´Juancho Dique´), se pudieron presentar algunos daños físicos y laceraciones en el traslado de Mampuján a San Cayetano”.

 

Momentos después la Magistrada le volvió a dar la palabra a alias “Juancho Dique”. El ex integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), dijo que no sabía cómo expresar lo sucedido en los Montes de María, “donde muchas masacres iban a quedar impunes, ya que llevaban más de 10 años sin reconocerlas”. Este ex mando militar de las Auc reconoció los daños causados al corregimiento de Mampuján.

 

“Dique”, en medio de largos silencios, aceptó que las personas sacrificadas y desplazadas no eran parte de las guerrillas que operaban en la zona. Pero la insistente mirada de Marta, logró que Úber Enrique Banquez soltara palabras de arrepentimiento: “Les pido perdón a las víctimas que se encuentran aquí y a las que están en Mampuján y San Cayetano. Y a todas las víctimas de los Montes de María, les pido perdón, y que de mi parte no se va a dar la repetición…. Estoy arrepentido por todo este daño que hicieron las autodefensas”, dijo.

 

La pregunta de Marta Posso volvió a ser trasladada a alias “Diego Vecino”, quien respondió al interrogante del por qué la miraba de esa forma que le producía temor. Edgard Cobos, nombre real de “Diego Vecino”, señaló que veía en ella expresiones de dolor y tristeza. “Ver esos rostros es una manera de recordar todo el daño causado, de recordar que la organización a la cual pertenecí sembró tragedia y luto en los colombianos”.

 

Para él, todo lo sucedido en los Montes de María no debió pasar, porque no hay justificación para lo que se hizo, y según sus palabras, tanto ellas (las víctimas) como sus familiares, son víctimas inocentes del conflicto armado. “Asumo la responsabilidad (de lo sucedido), porque es la misma de la persona que accionó el fusil (para matar)…”.

 

Al mismo tiempo se fueron soltando otras palabras que esta vez no hicieron el daño que causaron en un pasado reciente: “No es obligación conceder el perdón, siento que el perdón de Dios está lejos; pero el perdón humildemente se puede pedir y libremente algún día se puede conceder… Les pido humildemente a ustedes, a todas las víctimas de Mampuján, Las Brisas, San Cayetano y de los Montes de María, perdón por todo el daño causado, por tanto sufrimiento y por haberles desgraciado sus vidas… Perdón, mil veces perdón, infinitas veces perdón… ”.

 

Cuando se pensaba que el espacio para seguir preguntando había concluido, desde Mampuján, otra víctima que había sido secuestrada por los paramilitares, dijo: “ ´Juancho Dique´ negó la existencia de un hombre encapuchado que hacía los señalamientos a la comunidad, cuando todo el mundo lo vio. Eso hace desconfiar de lo que están diciendo”.

 

Una respuesta que terminó siendo contestada por Cobos Téllez, quien dijo que si había dudas de que el encampuchado era él, entonces asumía esa responsabilidad. Fue entonces cuando la Magistrada respondió tajantemente que no lo aceptaba porque no hacía parte de la verdad que las víctimas necesitaban.

 

Al concluir la tarde del martes víctimas de San Cayetano y Mampuján, no dejaron pasar por alto afirmaciones de los dos ex integrantes de las Auc: el riesgo que hoy se cierne sobre las víctimas y sobre ellos, luego del resurgimiento de las nuevas bandas criminales en la zona. A los habitantes de estos territorios también les interesó saber quiénes fueron los autores materiales de estos hechos. Pero el diablillo de las interferencias en la transmisión satelital, logró interrumpir la audiencia y la magistrada Uldi Teresa Jiménez, suspendió la sesión hasta el nuevo día.

 

La audiencia del miércoles

 

En la mañana del miércoles pasado, lias “Juancho Dique” y “Diego Vecino”, al reanudarse las audiencia, manifestaron que los beneficiaros habían sido varios: miembros de la Fuerza Pública de la zona, ganaderos, comerciantes y cierta medida algunos gobernantes locales. Insistieron en denunciar que los autores intelectuales de la masacre de hace diez años habían sido los hermanos Carlos y Vicente Castaño, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, Rodrigo Mercado Peludo, alias “Cadena”, y alias “Amaury”. A pesar de estas últimas afirmaciones, desde San Cayetano, las víctimas expresaron su inconformidad en torno a lo dicho por estos ex paramilitares.

 

Ese mismo día, la fiscal Yolanda Martínez inició su intervención sobre el daño material e individual sufrido por las víctimas de los paramilitares y la estigmatización que padecieron estas comunidades luego de ser señaladas como auxiliadoras de la guerrilla. Enseguida, concretó los casos de las familias Posso (Joaquín Fernando, Alfredo y José Joaquín) y Mercado Tapias, quienes perdieron a cinco de sus integrantes.

 

Es en este momento y escenario en el que aparece Alexander Villarreal, un afrodescendiente de 32 años que irrumpió con preguntas lo suficientemente inteligentes y dirigidas hacia alias “Juancho Dique”: “Usted mató bastantes personas a sangre fría y hoy está pidiendo protección. ¿Porqué no atendió los pedidos de las personas para que no las mataran?”. “Usted sabe halar los gatillos, las víctimas no”.

 

Villarreal volteó también su mirada hacia “Diego Vecino”, y lo increpó preguntándole que si había dicho toda la verdad, que si se querían beneficiar de lo que estaban afirmando. “Ustedes se arrepintieron. ¿Ese arrepentimiento es para beneficiarse o reconocer el derecho de las víctimas?”.

 

En seguida Cobos respondió: “De lo único que estoy seguro es que estoy comprometido con la verdad…”. “Mis compromisos con la verdad, es con la conciencia de un ser humano que cometió el error de haberse equivocado… Toda la vida me haré siempre la misma pregunta”, señaló.

 

Después de esta intervención, Alexander, dijo que los perdonaba, a lo que Cobos respondió: “Su perdón lo recibimos con el corazón abierto”. Y en un final inesperado, la víctima respondió con la nobleza de aquellos seres humanos que aún piensan en la posibilidad de una Colombia en paz: “El perdón de Dios no está tan lejos si sus palabras son de arrepentimiento”, puntualizó Villarreal al momento de pedir permiso a la Magistrada para acercarse a sus victimarios y soltarles frases lapidarias: “Señores, yo quiero que me permitan regalarles la vida (dos biblias), lo que yo considero es la vida, porque ella dice que está viva y penetra hasta los huesos, las coyunturas y hasta los tuétanos, los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón del hombre. Consideramos como comunidad, que ustedes nos dan tristeza, pero hoy hablamos de paz y de reconciliación”, concluyó la víctima que entró con timidez a la audiencia y luego conmovió a todo el mundo. Ya sobre las seis de la tarde, la magistrada Uldi Teresa Jiménez, dio por concluida la tercera audiencia pública.

 

Para el día jueves, la sesión comenzó con el ritual de costumbre, esto es, las presentaciones de las personas e instituciones que intervienen de este proceso de incidente de reparación, considerado como piloto o punta de lanza para la reparación de las víctimas en Colombia.

 

Luego de la intervención de la representante de la población civil ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Ana Teresa Bernal, quien centró su exposición en el tema de restitución de bienes. El representante del Ministerio Público, abogado Miguel Antonio Carvajal Pinilla, dejó a un lado sus escritos que traía y retomó las palabras de la víctima Marta Posso, para sintetizar todo lo sucedido en Mampuján: “Los hombres que trabajan, ya se acabaron”.

 

Tras disertar sobre las conductas y los cargos contra los victimarios que provocaron homicidios y desplazamientos que afectaron a las comunidades, el abogado Carvajal llegó a la conclusión de que sólo un homicidio puede desestabilizar a un colectivo.

 

En su concepto, estas acciones (de los grupos armados ilegales) que se inscriben dentro del contexto del conflicto armado, inciden en los derechos colectivos porque afectan la paz. Carvajal llamó la atención sobre el hecho de que cuando se piensa en la restitución y se borra el rastro de lo sucedido, eso no es para un Estado de derecho.

 

El representante del Ministerio Público lamentó cómo la victimización se focalizó en grupos pobres y excluidos. Señaló que la crisis humanitaria en los Montes de María, únicamente afectó a campesinos humildes y gente trabajadora sin respaldo de las autoridades locales.

 

Esto fue, en resumen, lo sucedido durante los cuatro primeros días de la audiencia.

 

FUENTE: Tomado de la página web de la Defensoría del Pueblo de la República de Colombia