Al cabo de cinco horas de conversaciones en la sede de la Entidad, directivas y trabajadores llegaron a un acuerdo para terminar con la protesta y avanzar en la búsqueda de soluciones al conflicto laboral.
Luego que las partes solicitaran la intervención del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, como facilitador para buscar una solución al conflicto laboral que desde el pasado 13 de abril afronta la Universidad Nacional, directivas y trabajadores alcanzaron un acuerdo para levantar el paro y avanzar en unas mesas técnicas de concertación para resolver los problemas de fondo.
El defensor Otálora Gómez instaló los diálogos de aproximación a las 2 de la tarde de este martes en compañía de los viceministros de educación y trabajo, con el fin de buscar una salida a la protesta, que ha impactado significativamente el normal desarrollo de las actividades en el centro educativo, comenzando por la suspensión de las clases en el colegio adscrito al alma mater y que alberga a 710 estudiantes de primaria y secundaria. Lo anterior sin contar los frecuentes bloqueos en las facultades de pregrado y postgrado, donde están inscritos cerca de 30 mil alumnos, situación que ha generado dificultades para el ejercicio de las actividades académicas.
Aunque los servicios de bienestar social no fueron interrumpidos, la atención en temas como la alimentación no se estaba llevando a cabo como regularmente ocurre, debido a que el conflicto laboral alteró el ritmo en la asistencia de los estudiantes, en su mayoría pertenecientes a los estratos uno, dos y tres.
En virtud de esta situación, las partes solicitaron el concurso del Defensor del Pueblo como amigable componedor, y al cabo de cinco horas de sesiones en la sede de la Entidad, directivas y trabajadores acordaron poner fin a la parálisis y avanzar, con el acompañamiento de la Defensoría y una comisión verificadora, en la búsqueda de fórmulas para suplir las inconformidades que existen frente a temas como el ajuste salarial, la carrera administrativa y el concurso de méritos, entre otros aspectos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia