En el acto de clausura del evento con Procuradores Regionales y Provinciales de la Procuraduría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortíz, al expresar su saludo al señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, y a todos los asistentes, destacó la actividad realizada durante los días 14 y 15 de junio de 2012 en la ciudad de Bucaramanga.
El objetivo se logró, establecer mecanismos de articulación entre la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales y Distritales, para fortalecer el seguimiento a la respuesta estatal en el marco de las recomendaciones contenidas en los informes de riesgo y documentos de advertencia elaborados por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.
En su intervención, el Defensor del Pueblo aclaró que «El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo fue concebido como un instrumento fundamental en materia de política pública para la prevención de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y como una unidad de análisis y diagnóstico de las dinámicas de la confrontación armada con el encargo de identificar situaciones de riesgo de la población civil y producir documentos técnicos que dieran cuenta de las posibles violaciones masivas de los derechos humanos que pudieran afectar a grupos sociales y comunidades, como consecuencia del conflicto armado.
La información del SAT que es remitida a las autoridades competentes contribuye a la adopción de medidas tendientes a disuadir, mitigar o superar los factores de violencia que generan afectación a los derechos fundamentales de la población civil.
«En el año 2011, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtió 50 situaciones de riesgo para la población civil; de estas 41 fueron del conocimiento y evaluación de la CIAT declarando en la totalidad de los casos la Alerta Temprana. Las otras nueve situaciones de riesgo tuvieron el carácter de inminencia por lo que su trámite no lo surte la CIAT sino las autoridades civiles y la fuerza pública de la región focalizada en riesgo.
Desde el año 2009, la Defensoría tomó la determinación de remitir copia de los informes de riesgo y notas de seguimiento emitidas por el SAT a la Procuraduría Delegada para la Prevención de Violaciones de Derechos Humanos, con el fin de apoyar la labor de seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el SAT en virtud de que se percibía en algunos sectores cierto desinterés a los escenarios de riesgo advertidos por el SAT».
De igual manera, el Defensor del Pueblo, manifestó que «las Personerías Municipales, las Procuradurías Regionales y Provinciales y las Defensorías Regionales, con el apoyo decidido e irrestricto de las oficinas y dependencias del nivel nacional, tienen un rol fundamental en la prevención y atención de las más graves manifestaciones de la crisis humanitaria que vive Colombia, como consecuencia de la violencia de que son responsables los grupos armados ilegales.
En ello tiene una función protagónica el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, pues sus diagnósticos y recomendaciones si constituyen derroteros y pautas para la actuación de las autoridades nacionales y territoriales, que están llamadas a garantizar su cumplimiento y efectividad y, en desarrollo de ello, deben responder en caso de que sus acciones se limiten a la formalidad o carezcan de trascendencia y adecuado impacto en la superación de la crisis».
Finalmente, destacó que «el resultado de nuestro trabajo en este Encuentro es obtener un consenso que nos permita fijar pautas y mecanismos sencillos de articulación entre las instancias que componen el Ministerio Público, en el orden nacional y territorial, que afiancen la coordinación en torno a la evaluación de las acciones gubernamentales frente a las violaciones de derechos humanos y DIH. Como consecuencia de la evaluación y seguimiento, la Procuraduría, la Defensoría y las Personerías, definirán y adoptarán, conforme a sus competencias, las medidas de carácter preventivo y disciplinario a que haya lugar, con el fin de garantizar la efectividad de su respuesta».
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia