Durante su intervención el Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, aseguró que la Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos desea contribuir y desempeñar un papel importante en la efectividad de las órdenes proferidas por los órganos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Seremos el puente de comunicación entre las víctimas y el Estado para que sus derechos se cumplan”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, resaltó la importancia de realizar eventos de seguimiento como la Audiencia Defensorial y se refirió a los mecanismos de supervisión de cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de DD.HH. y de los diversos actores involucrados en su cumplimiento.
En el desarrollo del panel «Pago de indemnizaciones y acceso a la justicia», el Contralor General de la Nación, Felipe Córdoba, sostuvo que se deben agilizar los tiempos para el pago de las sentencias judiciales a favor de las víctimas.
También participaron en la Audiencia Defensorial Esmeralda Arosemena Bernal de Troitiño, Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Ministra de Educación, María Victoria Angulo; el Ministro de Salud y Protección , Juan Pablo Uribe Restrepo; Luis González León, Delegado para la Seguridad de la Fiscalía General de la Nación; Jaime Orlando Santofimio, Profesor de la universidad Externado de Colombia y representantes de las Víctimas del conflicto armado.
Para finalizar, la Defensoría del Pueblo realizó una serie de recomendaciones para las entidades asistentes, en lo relacionado a salud se recomendó identificar los factores del conflicto armado que inciden en el deterioro de la salud de las víctimas con estudios de epidemiología social, también se pidió garantizar una mayor y continua partida presupuestal para la prestación de los servicios de salud, e implementar un programa especializado de atención psicológica para las víctimas que cumplan con criterios de continuidad, gratuidad y continuidad.
En cuanto a Educación se solicitó tener en cuenta el entorno psicosocial de la persona a la que se pretende beneficiar con la medida educativa, concertar con las víctimas el tipo de educación a la que quieran acceder, garantizar el acceso a universidades de carácter público cuando la sentencia establezca que la medida se debe cumplir en dichas instituciones y, garantizar las becas de estudio de las víctimas en el exterior.
También se recomendó agilizar las investigaciones en lo relacionado al acceso a la justicia y optimizar el pago de indemnizaciones a las víctimas.