Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, dice que las autoridades deben ampliar su respuesta humanitaria en el departamento del Cauca, y que los actores armados deben acatar las normas protectoras del DIH.
El Defensor del Pueblo , Volmar Pérez, señaló que la Comisión de Verificación que integró la Defensoría del Pueblo en asocio de la Misión MAPP- OEA en Colombia y la Gobernación del Cauca para evaluar durante el día de ayer los hechos de violencia que se han venido presentando desde el pasado 6 de julio en el municipio de Toribío en el Departamento del Cauca por los hostigamientos de las FARC contra las unidades del ejército y la Policía, pudo verificar la existencia de una aguda crisis humanitaria en esa población que deja un saldo de 14 heridos, 400 personas desplazadas y 85 viviendas afectadas, 3 de ellas destruidas totalmente.
Igualmente, el Defensor del Pueblo indicó que la Comisión de Verificación recomendó a las autoridades ampliar su capacidad de respuesta humanitaria a los civiles afectados por los hechos de violencia que viene afrontando el municipio de Toribío.
«Los municipios de Toribío, Jambaló, Caldono, Silvia, Caloto, Miranda, Corinto, Suarez, Morales y Argelia, así como los municipios de la Costa Pacífica viven en un estado de zozobra por el incremento de las acciones violentas de las FARC en esa zona del país que está provocando una aguda crisis humanitaria, que requiere de respuestas urgentes y efectivas de protección para las comunidades por parte de las autoridades competentes», expresó el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez.
Personal sanitario afectado
De otra parte, en diálogo con los líderes de las comunidades indígenas y las autoridades del municipio de Toribío, la Comisión de Verificación conformada por la Defensoría del Pueblo, la Misión MAPP-OEA y la Gobernación del Cauca confirmó que de los 14 civiles heridos por las explosiones de «tatucos» lanzados por las FARC, 4 de ellos están vinculados al personal sanitario.
De igual modo, la Comisión de Verificación tuvo conocimiento que la activación de un artefacto explosivo artesanal o «tatuco» el pasado 8 de julio en el Centro de Salud de la IPS Indígena en el municipio de Toribío, provocó heridas a cuatro mujeres que prestaban servicios asistenciales en esa entidad.
Entre las víctimas más afectadas por la explosión se encuentra la médica GLORIA FAJARDO y la enfermera Jefe, HELENA BRICEÑO, quien de acuerdo al reporte médico perdió una extremidad inferior y se encuentra con pronóstico reservado. También resultaron heridas una auxiliar de enfermería y una trabajadora de servicios generales.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortíz, condena de manera enérgica el atropello de que fue objeto el personal sanitario que laboraba en el IPS Indígena y señala que este acto de violencia constituye una infracción del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que consagra en los artículos 9, 10, 11 y 12 del Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra, la obligación de los grupos armados ilegales de respetar las misiones médicas.
«El atropello a la tarea que cumple el personal sanitario y la unidad médica, se considera, además, un crimen de guerra que debe ser objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales», agregó el Defensor del Pueblo.
La lista de las personas heridas conocida por la Defensoría del Pueblo es la siguiente:
YEHINI GISELA ARSILA ARIAS 21 años, habitante del barrio La Unión
ESNEIDER ENRIQUE JULICUE RAMOS, 19 años, habitante del barrio El Paraíso
ELENA ESTHER BRICEÑO DE LA ROSA, 28 años, del barrio El Premio
ANA LIGIA ESCUE ESCUE, 34 años, habita en la vereda El Damián
ADRIANA PAZU SECUE, 25 años, del barrio La Primicia
GLORIA MYRIAN FAJARDO MONTENEGRO, 33 años, del barrio El Premio
HENRRY CHOCUE MORAN, 42 años, del barrio 1 de Mayo
ADRIANA MILINA QUINTO SALAS, 22 años, de la vereda Vetulia
NANCY LIBIA ASCUE TENORIAO, 47, años, de la verada El Manzano
CARMEN ALIRIA YULE ASCUE, 18 años, de la vereda El Manzano
Asimismo, la Defensoría del Pueblo señaló que es necesario construir un escenario de diálogo entre las comunidades indígenas del municipio de Toribío y la fuerza pública sobre las medidas de seguridad que deben adoptarse para proteger a la población. La guardia indígena desmontó durante el día de ayer las trincheras y barricadas que se encontraban al lado de las casas de civiles.
Para la Defensoría del Pueblo la intensificación de los actos de violencia en el departamento del Cauca viene afectando de manera directa la integridad territorial, física y cultural, así como los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en esa región del país.
Advertencias del SAT para el municipio de Jambaló
En el municipio de Jámbalo Durante el pasado 7 y 8 de julio se incrementaron los combates en el municipio de Jámbaló entre la fuerza pública y las FARC en inmediaciones de la cabecera; situación que genero desplazamiento de población hacia el resguardo de Pitayo en el municipio de Silvia. Así mismo, la Defensoría tuvo conocimiento de la instalación en la zona de MAP/MUSE y de artefactos explosivos por parte de las FARC en los alrededores de la población, que podrían ser utilizados.
Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo reitera a las autoridades del nivel local, regional y nacional la urgencia de implementar medidas eficaces de protección para garantizar el derecho a la vida y la integridad física de las comunidades asentadas en el municipio de Jambaló en el Departamento del Cauca.
La Defensoría del Pueblo también advirtió a las autoridades competentes que el pasado 3 de julio las FARC instalaron retenes ilegales en las dos vías de acceso al municipio en las ruta Silvia- Jambaló y Toribío –Jambaló, retuvieron el transporte público y privado para entregar panfletos y hacer señalamientos a integrantes de la comunidad.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia