En razón de la crisis que afronta la ciudad de Manizales por la interrupción del servicio de acueducto, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, pidió a las autoridades competentes encontrar los procedimientos apropiados con carácter urgente para garantizar el Derecho Humano al agua de manera eficaz y oportuna a todos los habitantes de la capital del departamento de Caldas.
“En las circunstancias actuales resulta imperativo que la administración municipal de Manizales se comprometa con la comunidad a suministrar el preciado líquido en términos de tiempo razonable para evitar emergencias sanitarias que podrían ser de una proporción incalculable”, advirtió.
Igualmente, recomienda a las autoridades que se evalúe con mucho rigor y responsabilidad si el problema presentado es de carácter técnico, o es a causa de la ola invernal o si se debe a la falta de previsión en las políticas públicas que debieron privilegiar la garantía de la disponibilidad del servicio.
Derecho humano al agua
La crisis que se vive en Manizales por la falta del suministro de agua nos permite recordar a las autoridades que la interrupción del servicio afecta el derecho humano al agua y su satisfacción exige que la empresa prestadora del mismo garantice la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad del líquido.
Por otra parte, si bien se han hecho esfuerzos por llevar el agua en carrotanques a la ciudadanía, que no es solución adecuada, muchos sectores están soportando la privación del servicio. Preocupa a la Defensoría del Pueblo la necesidad de prestar el servicio de manera particular en los hospitales, clínicas, establecimientos educativos y centros de reclusión.
Informar a la ciudadanía
Del mismo modo, Pérez Ortiz insta a la administración municipal de Manizales a mantener informada a la ciudadanía en forma oportuna y fidedigna sobre las causas, la dimensión de la crisis y las medidas y mecanismos que se adopten para superarla.
La eficaz intervención de los órganos de control competentes y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios garantizarán los derechos colectivos de los usuarios del servicio.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia