El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortíz, condena los recientes hechos de violencia contra dos mujeres en situación de desplazamiento forzado que desarrollan actividades de liderazgo, en defensa de los derechos de otras mujeres y sus familias, también víctimas.
Dos mujeres, que hacen parte del grupo de beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron víctimas de abuso sexual y de un acto de agresión contra su integridad física como mecanismo para debilitar su liderazgo. En la noche del domingo 31 de enero, una líder de Cartagena que se encontraba gestionando la activación de sus medidas de protección en Bogotá, fue víctima de abuso sexual; el lunes 1 de febrero en horas de la mañana, la hija de otra dirigente de este mismo grupo de mujeres, fue golpeada por un hombre que mientras la agredía le preguntaba por el paradero de la mamá.
A pesar de que estas agresiones han sido denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, se requieren mecanismos efectivos de protección y que los cuerpos de investigación avancen en la identificación de los responsables de los ataques de que han venido siendo víctimas.
Con motivo de las amenazas que se presentaron a través de panfletos contra mujeres y sus organizaciones en el 2011, entre las que se encontraban las víctimas aquí mencionadas, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, el Defensor del Pueblo expresó su preocupación por la persistencia de actos de violencia contra las mujeres y, particularmente, de violencia sexual en el contexto del conflicto armado, así como por la ausencia de información estadística que permita dimensionar las violaciones a sus derechos fundamentales y, en consecuencia, garantizarles una adecuada atención.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que la violencia sexual es utilizada como un mecanismo de intimidación para debilitar el liderazgo de las mujeres. Las cifras de Medicina Legal, que reportaron para el año 2010 un total de 18.219 valoraciones médico legales por presuntos delitos sexuales (83.8% a mujeres), ratifican la persistencia de estos actos de violencia contra las mujeres, en los ámbitos público y privado.
Como lo ha expresado en forma reiterada, el Defensor del Pueblo llama la atención a las autoridades competentes para que implementen acciones efectivas en la prevención de la violencia contra las mujeres que afecta sus derechos fundamentales a la vida e integridad física, psíquica y sexual, la de sus hijos e hijas, así como el ejercicio de su derecho a la participación ciudadana.
Es necesario que estas medidas reflejen los avances legislativos (Ley 1257 de 2008 y Ley 1448 de 2011) y los compromisos que ha asumido el Estado colombiano, en cuanto a generar condiciones que garanticen el derecho de las mujeres a la participación social, como un derecho estratégico para superar la discriminación y la violencia de género. Para garantizar estos derechos se requiere de medidas especiales de protección que reconozcan las necesidades específicas de las mujeres, particularmente la de prevenir la violencia sexual.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, insta a las autoridades competentes a que se otorgue especial atención a la situación de riesgo en que las mujeres desarrollan su liderazgo. Es urgente implementar acciones orientadas a la superación de la impunidad sobre los hechos de violencia contra las defensoras de derechos humanos, como un mecanismo efectivo de protección y como garantía de no repetición.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia