La Defensoría del Pueblo, junto a la OIM y a la Embajada de los Países Bajos, ha impulsado programas descentralizados para mitigar el impacto de este flagelo.
A propósito de situaciones como la que por estos días se registra en el departamento de Bolívar, donde las autoridades pusieron al descubierto una organización presuntamente dedicada al uso de niños, niñas y adolescentes con fines de prostitución, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación frente a este fenómeno.
Aunque las cifras oficiales dan cuenta de una importante reducción respecto a los procesos de restablecimiento de derechos por violencia sexual, ya que mientras el año pasado el total fue de 668 casos frente a 120 en lo corrido de 2014, lo cierto es que el temor a denunciar alimenta los índices de subregistro y por ende el acceso a dichos procesos.
Los datos consolidados hasta el 30 de septiembre dan cuenta de 40 víctimas de pornografía infantil y 80 de prostitución registradas en el Sistema de Información Misional (SIM), siendo las regiones con mayor incidencia Atlántico con 21 casos, Bogotá con 20, Córdoba con 11 y Valle del Cauca con 10.
De los 120 reportes consignados, 99 corresponden a víctimas de sexo femenino y 21 a niños y jóvenes de sexo masculino, en tanto que las edades con mayor frecuencia de explotación están entre los 12 y los 18 años con 99 registros. A este rango le siguen los menores entre 6 y 12 años con 12 casos registrados y la primera infancia, es decir entre los 0 y los 6 años, con 7 situaciones de victimización.
De acuerdo con la ley 1329 de 2009, el que con ánimo de lucro para sí mismo, para un tercero o para satisfacer los deseos sexuales de otro, organice, facilite o participe de cualquier forma en la explotación sexual de otra persona menor de 18 años, incurrirá en prisión de 14 a 25 años y una multa que oscila entre los 67 y los 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo viene liderando y acompañando programas de prevención y adecuación institucional para proteger los derechos y garantizar el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes utilizados por estas redes de proxenetas, mediante jornadas especiales de atención que en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Embajada de los Países Bajos, han llegado a regiones como Arauca, Guainía y Meta.
La Defensoría reitera su llamado a las diferentes instituciones encargadas de este tema, así como a los organismos de investigación y judicialización, para que redoblen sus esfuerzos en aras de combatir efectiva y eficazmente este tipo de violencia sexual contra los más pequeños.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia