A 5 meses de que los reporteros de Diario de Colima, Sergio Uribe Alvarado y Marcos Elizarrarás Mendoza, en hechos distintos, vieran violentados sus derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) emitió dos recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en una de ellas se incluyó una recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El presidente de la CDHEC, Roberto Chapula, informó que en el caso de Sergio Uribe, recomendó a la procuradora General de Justicia del Estado, Yolanda Verduzco Guzmán, gire instrucciones para que se investigue la actuación de la titular de la Mesa Primera de la Agencia del Ministerio Público del fuero común de esta ciudad, y en su caso se inicie procedimiento en su contra por haber violado los derechos humanos del agraviado.
También recomendó a Raúl Pinedo Dávila, secretario de Seguridad Pública del estado, gire instrucciones para que se inicie el trámite de un procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de los agentes, César González Rizo, Dany Jesús Aguilar García, Beatriz Peralta Licea y Alma Delia Huerta Romero, por haber violado los derechos humanos del quejoso.
En el caso del fotógrafo Marcos Elizarrarás Mendoza, recomendó al secretario capacite a la policía para que cumpla con los deberes de garantizar la seguridad, no sólo de la población, sino del ejercicio periodístico.
El 1 de mayo Sergio Uribe fue detenido por elementos de la Policía Estatal Acreditable, mientras cubría un hecho delictivo, supuestamente por pasar el cerco perimetral de seguridad. El 19 de mayo el fotógrafo Marcos Elizarrarás Mendoza fue violentado física y verbalmente por simpatizantes del PRI, cuando cubría una marcha anti Peña Nieto, que se dio en el marco de la visita del entonces candidato presidencial a esta ciudad.
En rueda de prensa, el presidente de la CDHEC, Roberto Chapula de la Mora, informó que en el caso de Sergio Uribe, se determinó que fue vulnerado en sus derechos humanos a la integridad y dignidad personal, trabajo digno; así como a la libertad de expresión e información.
Por eso se recomendó a Raúl Pinedo Dávila, secretario de Seguridad Pública del estado, «instruya a quien corresponda, a efecto de que se capacite a los elementos de las fuerzas de seguridad del estado a su mando, en cuanto al Protocolo de Cadena de Custodia que contiene los lineamientos para la preservación de las evidencias en el lugar de los hechos».
También se le recomendó emprenda las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes para que el desempeño de los profesionales de la comunicación no se vea coartado ni amenazado.
Además que gire instrucciones a quien corresponda para que se realice una evaluación técnica jurídica para corroborar o determinar si la actuación de los elementos de la PEA, fue apegada a principios y obligaciones que deben atender en su cargo, «y en su caso, se inicie el trámite de un procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de los agentes, César González Rizo, Dany Jesús Aguilar García, Beatriz Peralta Licea y Alma Delia Huerta Romero por haber violado los derechos humanos del agraviado», sostuvo Chapula de la Mora.
Recomendó además a la procuradora general de Justicia del estado, Yolanda Verduzco Guzmán, gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se realice una evaluación técnica jurídica para corroborar o determinar si la actuación del agente del Ministerio Público del fuero común, de esta ciudad, fue apegada a los principios y obligaciones que debe atender en su cargo.
Agrega la recomendación que en su caso se inicie el trámite de un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la citada funcionaria, por haber violado los derechos humanos de Sergio Uribe, a fin de que se apliquen las sanciones correctivas que conforme a derecho correspondan, como lo prevé la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
También recomienda a la procuradora que se inicie la averiguación previa correspondiente de los delitos que pudieran desprenderse.
Con respecto a la queja presentada por el fotógrafo Marcos Elizarrarás Mendoza, contra la PEP, señaló que en efecto, fueron violados sus derechos humanos, debido a que los elementos de esa corporación incumplieron sus obligaciones de salvaguardar la seguridad personal de la población, «en específico de las personas que ejercían libremente su profesión periodística, afectando los derechos humanos a la integridad, dignidad y seguridad personal; así como, libertad de expresión.
«La Procuraduría inició la investigación por conducta delictiva por parte de particulares, y ejecutó la acción penal correspondiente; no hubo impunidad, los presuntos responsables fueron consignados ante el juez de la causa. Y se está recomendando, al secretario de Seguridad Pública, capacite a la policía para que cumpla con los deberes de garantizar la seguridad, no sólo de la población sino del ejercicio periodístico», puntualizó.
Para finalizar, Roberto Chapula informó que ambas instituciones tienen 15 días hábiles para notificar si aceptan las recomendaciones emitidas, y dentro de los 30 días hábiles siguientes a su notificación deberán entregar las pruebas correspondientes de que han cumplido con las mismas.
FUENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima