Se ha destapado una serie de corruptelas en el Juzgado Segundo Penal de Tecomán que lastiman su imagen y buen prestigio, un caso similar se dio en un Juzgado de Manzanillo, señala.
Luego de que una abogada presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), debido a que un oficial secretario del Juzgado Segundo de Tecomán está prófugo tras disponer indebidamente de dinero depositado como fianza para la liberación de un detenido, el presidente de la CDHEC, Roberto Chapula de la Mora, exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investigar estos hechos, y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, limpiar la imagen del Poder Judicial, debido a que al parecer ocurrió otro caso similar en un Juzgado de Manzanillo.
En días pasados, la abogada María del Rocío González Castañeda denunció que desde mediados de 2011 entregó una fianza de 600 mil pesos al mencionado secretario de Acuerdos, con la finalidad de que se otorgara libertad bajo caución a su representada, acusada del delito de fraude.
Explicó que posteriormente remitió al Juzgado un incidente para sustituir el dinero en efectivo por dos lotes, pero el funcionario del Poder Judicial, Edson Antonio Martínez Bonilla, daba pretextos y no reintegró el dinero.
Chapula de la Mora afirmó que derivado de este hecho se ha destapado una serie de corruptelas en el Juzgado Segundo Penal de Tecomán que lastiman la imagen y el buen prestigio del Supremo Tribunal de Justicia, pues hay funcionarios honestos e íntegros en el Poder Judicial y no por la conducta de unos se debe manchar la imagen de todos.
Por eso, solicitó al Supremo Tribunal de Justicia, a través de su presidente y al pleno, que limpie la imagen del Poder Judicial. También pidió a la PGJE investigar estos hechos por salud social, por limpieza de imagen y por la pulcritud que debe manejarse en el Poder Judicial.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Chapula de la Mora, exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado investigar los presuntos actos de corrupción en los juzgados de Tecomán y Manzanillo, debido a que personal de dichos juzgados dispone indebidamente de dinero depositado como fianza para la liberación de los detenidos.
Al mismo tiempo, exigió al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) limpiar la imagen del Poder Judicial.
En días pasados, la abogada María del Rocío González Castañeda denunció públicamente la comisión de un presunto fraude por 600 mil pesos en el Juzgado Segundo Penal de Tecomán, presuntamente cometido por Edson Antonio Martínez Bonilla, entonces secretario de Acuerdos de esa instancia judicial.
La abogada explicó, como representante legal de Victoria Castañeda Sabalsa, que desde mediados de 2011 entregó una fianza de 600 mil pesos al mencionado secretario de Acuerdos, con la finalidad de que se otorgara libertad bajo caución a su representada, acusada del delito de fraude.
Explicó que posteriormente remitió al Juzgado un incidente para sustituir el dinero en efectivo por dos lotes, pero que Edson Antonio Martínez Bonilla ponía pretextos para reintegrar el dinero, hasta que llegó el momento que aceptó que había cometido una irregularidad y le solicitó que lo esperara para regresárselo.
Por tal motivo, interpuso una denuncia ante el STJE y en la PGJE para que se investiguen estos hechos. La semana anterior puso una queja ante la CDHEC en contra del Poder Judicial del estado y la PGJE.
En entrevista con Diario de Colima, Roberto Chapula dijo que según lo comenta en su queja la abogada, todos estos trámites fueron notificados al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado para verificar el cumplimiento y respeto a la ley, pero sobre todo, la transparencia y la pulcritud de la administración de la justicia.
Sin embargo, pasó el tiempo y el secretario de Acuerdos del juzgado traía vuelta y vuelta a la mujer, quien fue a reclamar que le regresara el dinero que había depositado en garantía; además, argumentaba que el Ministerio no había sido notificado y otros pretextos.
«Pero al último resulta que no le entregaron el dinero y hasta la fecha no se lo han entregado», precisó Chapula de la Mora.
Derivado de este hecho se han destapado una serie de corruptelas en el Juzgado Segundo Penal de Tecomán, actos que lastiman la imagen y el buen prestigio del Supremo Tribunal de Justicia, pues hay funcionarios honestos e íntegros en el Poder Judicial y no por la conducta de unos se debe manchar la imagen de todos.
La abogada María del Rocío González presentó su inconformidad ante el STJE, por lo cual dicho organismo ordenó una revisión al juzgado, del cual se desconoce el resultado, pues son cosas internas.
«A decir de la licenciada, hay aproximadamente 2 millones de pesos de dinero del cual hubo una disposición indebida, ya que son depósitos en efectivo que hicieron diversas personas para fianzas, garantizar la reparación del daño y libertades caucionales».
Ese dinero nunca ingresó a la oficina de productos y consignaciones como era la obligación, debido a que así lo ordena el reglamento respectivo. En dicho juzgado dispusieron indebidamente del dinero y hasta señalan a un secretario de Acuerdos, cuyo nombre obra del conocimiento de las autoridades del Poder Judicial.
Ante esta situación y como presidente de la CDHEC, Chapula de la Mora solicitó al Supremo Tribunal de Justicia, a través de su presidente Rafael García Rincón, y al pleno, que limpien la imagen del Poder Judicial. «Vuelvo a manifestar que los señores magistrados merecen todo mi respeto porque hasta ahorita he conocido de su honestidad en la actuación transparente», comentó.
Afirmó que si el pleno tiene conocimiento de las corruptelas dentro del Juzgado Segundo Penal de Tecomán, su obligación es poner la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia para que investiguen los hechos. Si de la denuncia y de la investigación correspondiente se desprende alguna responsabilidad, se debe proceder contra quien resulte responsable.
Chapula de la Mora dijo que hay responsables de cada juzgado, «el titular responde de las actuaciones de los funcionarios por no estar al pendiente del manejo económico de las fianzas».
Mencionó que el Ministerio Público también debe de cuidar la pulcritud porque se debió haber dado cuenta de que no regresaban las fianzas y a pesar de esto, nunca realizaron las investigaciones correspondientes. Por tal motivo, el Ministerio Público también tiene responsabilidad en estas corruptelas.
Ante esta situación, pidió a la PGJE investigar estos hechos por salud social, por limpieza de imagen y por la pulcritud que deben tener el Poder Judicial y sus funcionarios públicos.
La transparencia es fundamental para ganar la confianza de la sociedad y más en el Poder Judicial que es el encargado de administrar justicia, de establecer la verdad legal y, sobre todo, dar certeza y certidumbre a la sociedad.
Manifestó que se ha dado cuenta, de acuerdo a lo que comenta la propia abogada González Castañeda, que en dicho juzgado a la gente la traen dando vueltas y no les regresan el dinero que depositaron como fianza.
Es responsabilidad del Poder Judicial regresar esa fianza a esta mujer, así como a todas las personas. Los jueces se merecen respeto de la sociedad, pues son los encargados de sancionar a quien violenta la ley, y si ellos son los que cometen delitos, con mayor razón debe actuarse e investigarse el hecho.
Mientras tanto, el Ministerio Público adscrito es el encargado del estricto cumplimiento a la ley, la aplicación de la misma y cuidar a la sociedad y si no lo hace, hay una coparticipación, silencio cómplice o indiferencia.
Dijo tener conocimiento de que existe el caso de otra jueza de lo Penal de Manzanillo que están investigando por los mismos motivos, es decir, disposición indebida de dinero; en este caso, el monto es de 100 mil pesos aproximadamente.
Finalmente, pidió a la gente afectada de Tecomán y Manzanillo que denuncie los hechos, se acerquen ya sea al STJE, a la Procuraduría o a la CDHEC, para saber cuánto es el monto de lo que indebidamente han dispuesto los funcionarios públicos.
FUENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima