El Tercer Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue dado a conocer este lunes, revelando el estado de situación de las cárceles chilenas, según observaciones realizadas por funcionarios/as del INDH en visitas a 40 cárceles de las 87 chilenas.
El documento de 153 páginas da cuenta de la realidad de 5.417 personas que viven recluidas y que se encuentran en recintos penales no concesionados, abordando como eje principal el derecho a la integridad personal.
En este sentido el documento desarrolla los principales aspectos asociados a esta materia, como son los niveles de ocupación de los recintos, régimen interno, alojamiento y habitabilidad, alimentación, servicios médicos, contacto con el mundo exterior, aplicación del régimen disciplinario, derecho a petición, agresiones y fallecimientos, libertad de conciencia y religión, entre otros.
Habitabilidad
Llama la atención la falta de camas en recintos penales, tanto así que uno de cada dos hombres privados de libertad (51,3%) no tiene la posibilidad de contar con un espacio propio para dormir. En el caso de las mujeres, esta cifra es de una cada tres (35,7%).Del total de establecimientos que fueron parte del análisis, 26 no contaban con suficientes camas (cinco de ellos son recintos femeninos).
El análisis aborda diferentes aspectos sobre las instalaciones y calidad de vida que llevan las casi 50 mil personas privadas de libertad, con especial énfasis en comprobar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.
19 de 40 cárceles están por sobre su capacidad, encontrándose 11 en un nivel crítico de ocupación. Cerca de un 90 % de los establecimientos presenta algún problema relacionado con las condiciones materiales en celdas, módulos o espacios comunes, en primer lugar no presentan calefacción y tienen deficiencias tales como conexiones eléctricas defectuosas o peligrosas, ventanas rotas o sin vidrios, no cuentan con muebles para guardar las pertenencias personales, problemas de iluminación y de ventilación, humedad, filtraciones y falta de limpieza e higiene.
Se advierte, en diversos establecimientos, que continúan existiendo plagas de insectos o roedores, lo que se relaciona directamente con las medidas de higiene del recinto y la falta de acciones preventivas.
En 24 de las 40 unidades penales se aprecia algún nivel de privación de acceso al agua durante las 24 horas del día o de insuficiencia en acceso a servicios higiénicos de forma permanente. En diversas unidades los baños en encuentran en mal estado por roturas, desagües tapados, con filtraciones, humedad, o estos eran insuficientes en cantidad. Igualmente, la privacidad en el uso de inodoros y duchas es excepcional.
Atención médica
El documento pone énfasis en los servicios médicos. En este sentido, da cuenta del número de profesionales de la salud disponibles en las cárceles. Según se detalla, en promedio, hay un funcionario por cada 49 presos. Sin embargo, esta cifra varía drásticamente según cada lugar.
El Centro de Cumplimiento Penal de Los Andes tiene un facultativo por cada 187 internos, la proporción más alta del país. En contraste, se encuentran recintos como Porvenir, Región de Magallanes, y Punta Peuco, en la Región Metropolitana.
En el caso de la comuna austral, el penal tiene un profesional por cada cuatro personas, en tanto, el lugar dispuesto para ex uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos tiene uno por cada 12 reos. En cambio, “el Centro de Detención Preventivo de Combarbalá, Región de Coquimbo, no dispone de instalaciones de enfermería. Solo se puede mencionar la visita de una paramédica una vez a la semana o cada quince días”, indica el informe.
En cuanto al acceso a prestaciones de salud mental, este sigue siendo uno de los aspectos más invisibilizados y carentes.
Visitas
Desde los testimonios recibidos se constata que en 28 de las 40 unidades penales persisten prácticas de someter a desnudamientos a adultos/as y en algunos casos a niños, niñas y/o adolescentes. Estas acciones en algunos casos implicaban el desprendimiento de toda la ropa interior y, en otros, desnudamientos parciales; igualmente, en algunas situaciones involucraba la realización de sentadillas para explorar si había introducción de especies en el cuerpo.
Castigos
Aún se aplica en diversas unidades una sanción extrarreglamentaria denominada pago al contado, que consiste en la aplicación de golpes o la exigencia de realizar ejercicios físicos a cambio de no dejar consignada la falta cometida por el/la interno/a, y por ello no arriesgar una calificación de conducta que impida el acceso a algún beneficio penitenciario. Al indagar en la existencia de esta práctica, los informes la consignan en 15 unidades penales.
Respecto de celdas de castigo, aislamiento o solitaria, el 45% de las 40 cárceles indican tenerlas , no obstante, en terreno se pudo advertir que hay unidades que no las tienen consignadas o recintos que, aunque aparecen con estas celdas en las estadísticas, ya no las utilizan como tales, sino –por ejemplo- como espacios de “protección” de algunos/as internos/as.
A nivel de infraestructura de este tipo de celdas de castigo, en general se apreciaron malas condiciones de iluminación, falta de circulación de aire, no disponibilidad de control de la luz, falta de acceso a agua y a servicios higiénicos. En los informes se deja constancia de que en 11 de las 18 unidades que poseen estas celdas existe una falta de acceso a servicios higiénicos y agua.
En 26 de los 40 establecimientos se refirió algún nivel de malos tratos. En este sentido, las personas indicaron la existencia de pagos al contado, golpes, amenazas, insultos, entre otros. En definitiva, el que muchas unidades apliquen estas prácticas lleva a concluir que existen niveles de naturalización de acciones de violencia.
En 2016 y 2017 hubo cuatro fallecimientos por suicidios; y en cuanto a muertes por riñas o agresiones, se constataron cinco casos en 2016 y dos en 2017 (en todos los casos se trató de población masculina).
Libertad de consciencia
Sobre la libertad de conciencia y religión, se aprecia que el ejercicio es posible en algunas unidades, y que en 24 establecimientos existe alguna zona destinada a la celebración de ceremonias que se vinculan a una creencia religiosa. No obstante, existen al menos ocho recintos, de las 40 unidades observadas, que no tienen un espacio para esta actividad.
En cuanto a sectores adecuados para ceremonias indígenas, expresamente se reporta esta posibilidad en nueve de 40 unidades. Si bien hubo ejercicio de algunas ceremonias esto no es una generalidad. La población indígena se encuentra invisibilizada y no existen políticas institucionales que ofrezcan respuestas a las necesidades propias de los pueblos originarios ni a la aplicación de las disposiciones contenidas en el convenio 169 de la OIT. Sin embargo, destaca positivamente la Unidad Penal de Isla de Pascua en donde algunas prácticas son consideradas, y donde incluso existen funcionarios/as que pertenecen a este pueblo.
Recomendaciones
El Instituto planteó una serie de recomendaciones al Estado para mejorar los aspectos constatados en el informe de cárceles, estas tienen que ver con corregir las condiciones y situaciones anteriormente relatadas, ya sea en el corto, mediano y largo plazo, estableciéndose una priorización en base al presupuesto y las responsabilidades de las instituciones que deben ejecutar dichas medidas, entre ellas, Gendarmería de Chile.