La Corte Suprema rechazó los dos recursos de nulidad interpuestos por la defensas de los condenados del denominado caso “Operación Desierto”, la red de tráfico ilícito de migrantes más grande de la cual se tiene conocimiento en la historia de Chile.
De esta manera el máximo tribunal confirmó las condenas dispuestas por el Tribunal Oral en Lo Penal de Arica, en contra de los líderes de una organización delincuencial transnacional que se dedicó al tráfico ilícito de migrantes y que afectó a aproximadamente 95 víctimas de origen dominicano, al menos entre 2013 y 2016, utilizando como rutas de ingreso las cercanías del paso fronterizo Colchane, Región de Tarapacá y el paso fronterizo con Tacna, Perú.
Las víctimas fueron sometidas a condiciones inhumanas, reunidas en distintos lugares, amenazadas y durante el cruce ilegal de fronteras fue arriesgada su vida, integridad y salud.
Los fallos, que recogen las argumentaciones planteadas por el INDH, resultan muy relevantes ya que presentan las figuras de tráfico ilícito de migrantes agravado, es decir que el accionar de los condenados puso en riesgo la vida, la salud y la integridad física de las víctimas, además de vulnerar su dignidad. Estimando que el delito agravado no tiene como bien jurídico protegido sólo la contención de la migración irregular, sino la dignidad de la persona humana.
Las sentencias recogen además el principio de universalidad en la persecución del delito de tráfico ilícito de migrantes, consecuente con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, su Protocolo Complementario sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y el Código Orgánico de Tribunales, al extender la jurisdicción de los tribunales chilenos a delitos cometidos en el extranjero pero que se encuentren contenidos en tratados internacionales. Es decir, permite el conocimiento de la justicia nacional sobre delitos de tráfico de migrantes que se comienzan a ejecutar fuera de Chile.
Los condenados, de nacionalidad peruana, fueron extraditados desde el Perú para someterlos a juicio en Chile, siendo confirmados los castigos a: Soledad Maquera Clabetía, líder de la organización, a las penas de 5 años por el delito asociación ilícita y a 12 años por el delito de tráfico ilícito de migrantes reiterados; y Juan Castillo Vilca, su principal colaborador, a 3 años por el delito de asociación ilícita y a 10 años y un día por el delito de tráfico ilícito de migrantes reiterados.
Por su participación en calidad de autores del delito de asociación ilícita para el tráfico de migrantes, fueron condenados Reyna Huaringa Maquera, Kliver Zarate Sunción, Yemeyel Morales Álvarez y Kharlo Zarate Sunción, a las penas de presidio de 5 años y un día para los dos primeros culpables, y de seis y diez años para los otros condenados.
En tanto por el delito de tráfico ilícito de migrantes se condenó a Reyna Huaringa y a Kliver Zarate a la pena de diez años y un día; y a Kharlo Zarate Sunción a y Yemeyel Morales Álvarez, a once y doce años de cárcel, respectivamente. Además deberán pagar una multa de cincuenta unidades tributarias.
A las anteriores penas se suman las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, pérdida de derechos políticos, y la inhabilitación para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena.
Cabe señalar que las condenas por ambos delitos se suman y que son de cumplimiento efectivo.
La mayor red de tráfico en Chile
La investigación se inició en 2016 y en el trascurso de la misma se obtuvo en su momento la extradición desde el Perú de gran parte de los imputados.
Según se estableció, el grupo captaba a ciudadanos dominicanos en su país de origen ofreciéndoles bajo engaño trasladarlos hasta Chile, con la promesa de entregarles visas de trabajo. Para ello, cobraban sumas entre los 700 a los 3 mil dólares.
Tras ello, las personas eran trasladadas por vía aérea hasta Colombia o Ecuador, para seguir su camino por vía terrestre, ya fuera en buses, camionetas o automóviles, hacia Perú. En este último país, la red tenía habilitadas casas de acopio de personas en Sullana, junto a la frontera con Ecuador, y también en Tacna.
La indagatoria estableció que en Tacna la organización ocupaba las dos rutas relatadas para ingresar ilegalmente a los/as extranjeros/as a nuestro país.