Analiza los motivos político-administrativos de esta medida. Ha solicitado información al Departamento de Enseñanza sobre las medidas previstas para que el proceso de inscripción no se vea alterado. La Generalitat tiene la facultad de aplicar la ley sobre las horas lectivas en castellano de la manera que considere más adecuada.
El Síndic de Greuges de Cataluña ha decidido actuar de oficio ante las disfunciones organizativas que pueda ocasionar el recurso interpuesto por el Gobierno del Estado contra el proceso de preinscripción escolar en Cataluña. El motivo del citado recurso es la voluntad de prorrogar el período de preinscripción para poder informar al alumnado de manera individualizada sobre la opción de escoger el castellano como lengua vehicular. Esta imposición, según el Síndic, podría resultar contraria a la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
De acuerdo con el TC, que ha avalado en reiteradas ocasiones el sistema de inmersión lingüística en Cataluña, pese a que la Ley de política lingüística determina el derecho de los alumnos a recibir la primera enseñanza en la lengua habitual, esta norma no establece cuáles son los medios para hacerlo efectivo. Por tanto, su concreción forma parte de la discrecionalidad reservada a la Administración, sin que se le pueda imponer una forma determinada, siempre que se cumpla la exigencia y el derecho quede garantizado.
También el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recuerda en una interlocutoria del año 2013 que el Tribunal Supremo ha manifestado en diversas sentencias que es la Administración educativa la que organiza y establece la prestación del derecho a la educación. En este sentido, el Departamento de Educación desde el año 2005 ha dado instrucciones para que los maestros del ciclo se organicen para dar una atención individualizada a los alumnos que solicitan ser escolarizados en castellano. El objetivo es hacer compatible el pertenecer al grupo con la especificidad de los aprendizajes de estos alumnos.
En el marco de esta investigación el Síndic se ha dirigido al Ministerio de Educación para conocer las motivaciones político-administrativas que han llevado a la presentación del recurso y alerta de que alargar la matriculación puede distorsionar un proceso que por sí mismo ya resulta complejo. En este sentido, según el Síndic, la medida que pretende el Gobierno español es una muestra de mala práctica administrativa.
Rafael Ribó también se ha dirigido a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, para conocer las medidas se adoptarán para velar por el correcto desarrollo del proceso de matriculación escolar.
FUENTE: Síndic de Greuges de Cataluña