CATALUÑA: El Síndic recomienda que el debate lingüístico retorne a la comunidad educativa y lamenta que se enfoque en clave judicial

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha destacado que el modelo de política lingüística de Cataluña «es un tesoro que debemos preservar» y que «es desgraciado el país que entra a plantear el modelo educativo en clave de conflicto judicial».

Ribó ha hecho estas declaraciones a raíz de la reciente sentencia de Tribunal Supremo que avala la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de fijar en un 25 por ciento el porcentaje de enseñanza en castellano en las escuelas que cuenten con familias que así lo requieran.

Según el síndic, Cataluña debe garantizar un modelo educativo de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, pero ha subrayado que es la comunidad educativa quien debe llevar el peso del debate y tomar las decisiones.

El síndic ha recordado que el modelo de inmersión lingüística, funciona en Cataluña hace 32 años con toda con normalidad y serenidad, ha garantizado la cohesión social, la igualdad de oportunidades. Además, ofrece buenos resultados académicos de conocimiento tanto del catalán como del castellano, comparables e incluso superiores a los de otras comunidades autónomas con una única lengua.

«Es un modelo que responde a todos los tratados internacionales suscritos por el Gobierno español, como la Carta de Lenguas», ha manifestado Ribó, que también ha afirmado que el modelo catalán de sociedad plurilingüe ha sido destacado internacionalmente como ejemplo a seguir.

El Síndic ha abierto una actuación de oficio ante las disfunciones organizativas que puede ocasionar el recurso interpuesto por el Gobierno del Estado contra el procesó de preinscripción escolar en Cataluña. El citado recurso viene motivado por la voluntad de prorrogar el periodo de matriculación para poder informar al alumnado de manera individualizada sobre la opción de elegir el castellano como lengua vehicular. Esta imposición, a parecer del síndic, podría resultar contraria a la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del TSJC.

 

FUENTE: Síndic de Greuges de Catalunya