El Síndic ha abierto una actuación de oficio sobre la administración y las actuaciones entorno a las acusaciones de fraude fiscal o delitos contra la Hacienda Pública contra cargos representativos de las Administraciones Públicas que provienen de presuntas filtraciones de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial).
A la vista de esta práctica, el Síndic ha trasladado a la Defensora del Pueblo las siguientes cuestiones y consideraciones al objeto de que, si lo considera oportuno, abra la correspondiente investigación:
1. Cómo se da traslado, con la máxima celeridad y eficacia, a la Fiscalía y a la autoridad judicial competente de los posibles delitos fiscales y económicos que se investigan por parte de la UDEF.
El Síndic cree que deben trasladarse todos estos asuntos de forma inmediata y contrastada a la Fiscalía y a la autoridad judicial competente, cuando se disponga de los indicios suficientes que indiquen la comisión de posibles delitos fiscales y económicos.
2. Cómo se garantiza el contraste de los datos que se desprenden de dichas investigaciones con las instituciones bancarias y financieras implicadas, y qué medidas se adoptan para garantizar la no filtración de la información en los períodos de investigación.
El Síndic considera que se debe mantener la reserva y sigilo total de las investigaciones hasta que no se decida su traslado a la Fiscalía y a las instancias judiciales, y éstas acuerden el secreto o no del sumario.
3. Cómo se dilucidan las responsabilidades en el ministerio u organismo correspondiente, en este caso el Ministerio del Interior, cuando se producen filtraciones de documentos o informaciones, de los cuales no se haya comprobado la veracidad.
El Síndic considera que debe garantizarse el honor de las personas y, si este derecho se conculca, se han de asumir las correspondientes responsabilidades por parte de los que sean responsables de esta mala actuación administrativa.
FUENTE: Síndic de Greuges de Catalunya