Afirma que la desaparición del libro de detenidos es un hecho grave por el que se deben exigir responsabilidades y no se puede minimizar. Como prevé la sentencia del TC, enviará una propuesta de convenio al Defensor del Pueblo para potenciar la coordinación entre las instituciones. Insta al Parlamento a abrir el debate del reconocimiento del derecho de acceso a servicios esenciales como el agua, la electricidad y el gas
El síndic de greuges de Cataluña ha propuesto en comisión parlamentaria el establecimiento de un acuerdo específico para que las investigaciones internas frente a las acusaciones o indicios de malos tratos a los cuerpos policiales catalanes las lleve a cabo un organismo neutral y externo, sin perjuicio de cualquier actuación judicial.
De esta manera se podrían evitar situaciones como la acontecida a raíz del caso 4F, en que ni la Guardia Urbana ni los Mossos d’Esquadra abrieron investigación interna alguna para esclarecer la consistencia de las denuncias de malos tratos que varios de los detenidos habían presentado ante la juez.
Rafael Ribó ha recomendado específicamente al Ayuntamiento de Barcelona y al Departamento de Interior que rediseñen las unidades internas de investigación y que incorporen una figura externa, con el objetivo de establecer nuevos procedimientos y estructuras que les homologuen a estándares internacionales; unos estándares reconocidos para el examen, la investigación y la elaboración de informes de alegaciones de tortura y malos tratos como los que recoge el denominado Protocolo de Istanbul.
En lo que respecta al libro de registro y custodia de los detenidos con la información de febrero de 2006, que el Síndic denunció que constaba como desaparecido, todavía no se tiene constancia de que haya sido reconstruido a partir de los archivos informáticos.
Este es un hecho grave que pone de manifiesto que las autoridades policiales de la Guardia Urbana de Barcelona de aquel período no garantizaron debidamente la obligación de custodia de documentes y archivos oficiales.
Convenio con el Defensor del Pueblo
En cuanto a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anula las competencias del Síndic como Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura (ACPT), el síndic ha informado a los diputados que tramitará a la defensora del pueblo, Soledad Becerril, una propuesta de convenio de colaboración entre ambas instituciones. El acuerdo tiene como objetivo evitar duplicidades y establecer un mecanismo de coordinación, de acuerdo con lo que prevé la sentencia, la misma Ley del Síndic y el Estatuto de autonomía.
Rafael Ribó, que ha reiterado ante los parlamentarios que seguirá trabajando en la prevención de la tortura y los malos tratos en Cataluña, ha pedido a los diputados que impulsen ante el Estado la designación del Síndic como Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura.
Regulación del derecho a los suministros
La Comisión del Síndic también ha debatido el Informe sobre los suministros básicos, presentado en diciembre de 2014. Sobre esta cuestión, Ribó ha instado a los grupos políticos a abrir el debate parlamentario para que se regule y se reconozca el derecho a estos suministros (agua, gas, electricidad).
También ha sugerido que se fije un suministro mínimo garantizado a un precio asequible para todos los consumidores que hagan un uso razonable y que se aplique un sistema tarifario acumulativo y que fomente el ahorro energético.
Rafael Ribó también ha abierto el debate para reforzar por ley el Síndic de Greuges de Cataluña como supervisor de los suministros básicos. La profundización del contenido del artículo 78 del Estatuto de autonomía permitiría ofrecer a todas las empresas de los sectores de la electricidad, el agua y el gas un mecanismo efectivo de cumplimiento de la Directiva de resolución alternativa de litigios y de supervisión del derecho de las personas a los suministros básicos. En el Informe se ponen como ejemplo a los ombudsmen de la energía del Reino Unido y Francia.
FUENTE: Síndic de greuges de Cataluña