La Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alicia Pierini, presentó ante la Legislatura porteña un proyecto de ley que tiene por objeto la reparación histórica en los legajos de todos aquellos agentes de la Administración Pública de la ex-Municipalidad de Buenos Aires, que resultaron victimas de desaparición forzada, durante la última dictadura militar.
El artículo 1 establece que «se disponga la inscripción de la condición de «Ausente por Desaparición Forzosa» en los legajos laborales de las personas que hubieran revistado en cualquier repartición pública como personal de la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983.»El proyecto propone como autoridad de aplicación al Centro de Protección de Datos Personales creado por ley 1845 que funciona en el marco de la Defensoría del Pueblo porteña.
La Dra. Alicia Pierini sostuvo al respecto que «se han tomado como antecedentes el trabajo de investigación histórica que desarrolló el Archivo Nacional de la Memoria, donde consta que se mantiene en los legajos de la Administración Pública de la Ciudad a los empleados públicos en situación de detenidos-desaparecidos, las denominaciones de «Baja», «Cesante», «Suspendido», «Limitar los Servicios» y «Despido por abandono de tareas» u otras similares que no se ajustan a la verdad.»
Por ello, señaló, es necesario rectificar esta situación por constituir una adulteración documental de los sucesos reales que trajeron como consecuencia la desaparición ilegal de las personas, entre ellas numerosos docentes, profesionales, administrativos, o auxiliares que se engloban en el genérico empleados públicos.
En su momento, la Junta Militar dispuso mediante las Leyes. 21.260 y la 21.274, despidos masivos de personas que hoy figuran detenidos-desaparecidos. De esta manera, disponía la expulsión del ámbito laboral como una acción intimidatoria y de persecución previa al secuestro y desaparición de los trabajadores del estado, o encubridora de ello.
Esta iniciativa legislativa tiene como propósito convertirse en una herramienta reparatoria integral para la Reconstrucción de la Memoria y de la Identidad en todos los ámbitos entre ellos la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires