Los maestros y otros trabajadores de la educación proponen un grupo de trabajo para el intercambio de información y un análisis ampliado de la situación en diferentes regiones del país. El impacto de las limitaciones de recursos en las instituciones de educación superior y los riesgos potenciales para la autonomía universitaria fueron el tema de una reunión el viernes (6) entre la Oficina del Fiscal Federal de los Derechos del Ciudadano (PFDC) y representantes sindicales maestros y otros trabajadores de la educación.
Durante el diálogo, miembros de la Unión Nacional de Servidores Federales de Educación Básica, Profesional y Tecnológica (Sinasefe), la Unión Nacional de Docentes de Instituciones de Educación Superior (ANDES / SN) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores Técnicos y Administrativos en La Educación Superior Pública en Brasil (Fasubra) informó los impactos sufridos por las universidades de todo el país debido al recorte presupuestario impuesto por el gobierno federal.
Las dificultades varían desde pagar las facturas de energía y teléfono hasta mantener los servicios de vigilancia del campus, lo que ya pondría en peligro las clases nocturnas en algunas instituciones educativas.
«La contingencia ha impactado a las universidades e institutos federales de muchas maneras diferentes, amenazando la existencia misma de estos establecimientos de educación superior», dijo el colectivo.
Ante el escenario, los participantes propusieron la creación de un grupo de trabajo para intercambiar información y analizar las situaciones que enfrentan las instituciones en las diversas regiones del país. La idea es ampliar la articulación para enfrentar los contratiempos, así como el fortalecimiento de la enseñanza desde la perspectiva del derecho a la educación.
El colectivo también expresó preocupación por la amenaza de pérdida de autonomía universitaria. En marzo de este año, el gobierno federal publicó el Decreto N ° 9.725 / 2019, que extingue los puestos de la comisión y las funciones de fideicomiso, además de limitar la ocupación, la concesión o el uso de bonos dentro del poder ejecutivo. La medida ha reducido más de 8.300 bonos en universidades de todo el país.
En mayo, un nuevo decreto presidencial (9.794 / 2019) eliminó de los rectores de las universidades federales la posibilidad de hacer nombramientos para los puestos de vicerrector, rector, fiscal jefe de IFES, director y subdirector de la unidad universitaria y de unidades administrativas y suplementarias. Con el acto, estas atribuciones fueron delegadas al ministro de la Casa Civil.
Las acciones civiles públicas contra las medidas ya han sido presentadas por el Ministerio Público Federal en 17 estados brasileños. El entendimiento, entre otros puntos, es que la extinción de puestos en la comisión y funciones de confianza en universidades e institutos federales afecta directamente la gestión de estas instituciones educativas, a quienes la Constitución garantiza la autonomía administrativa y la gestión financiera y patrimonial.
En su artículo 207, la Constitución de 1988 hace explícita la autonomía administrativa, didáctico-científica y financiera y patrimonial de las instituciones de educación superior. Del mismo modo, la Ley de Pautas y Bases de la Educación (9.394 / 1996) especifica esta autonomía en su artículo 54, al establecer, entre otras cosas, que las universidades mantenidas por el Poder Público gozarán de un estatus legal especial para abordar las peculiaridades de sus estructura, organización y financiación.