Una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo en 29 terminales terrestres y 31 retenes de peaje y puestos de control en carreteras del país, identificó ausencia de mecanismos para prevenir la trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes, además de falencias y debilidades en las acciones de vigilancia que deben realizar las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y la Policía Boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Los resultados de esta verificación defensorial, que alcanzó a las ciudades capitales de los nueve departamentos, además de El Alto y siete poblaciones del área rural (Yungas, Chapare, Puerto Suárez, Riberalta, Yacuiba, Llallagua y Monteagudo), están contenidos en el informe “Rol Estatal en el Control de Documentos como Mecanismos de Prevención de la Trata y Tráfico de Niñas, Niños y Adolescentes” que fue presentado esta mañana por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en conferencia de prensa.
La investigación, que se desarrolló entre agosto y diciembre de 2018, muestra, entre los principales hallazgos, ausencia de mecanismos de prevención de la trata de NNA en terminales terrestres, retenes de peaje y puestos de control en carreteras; personal insuficiente y no especializado que incide en la detección de casos de trata; que los gobiernos municipales verificados no tienen como prioridad el fortalecimiento de las oficinas de las DNA.
Sobre el control en retenes de peaje y puestos de control en carreteras, se identificó que la FELCC y la Dirección de Trata y Tráfico de Personas de la Policía, tampoco cuentan con personal especializado. Se constató que en la mayoría de los puntos verificados existe efectivos de la Policía Caminera con atribuciones específicas para el control de tránsito y seguridad vial, y no así en la prevención de la trata de personas, lo cual facilita el traslado de NNA sin el control de documentos de viaje, generándose la omisión de la obligación establecida en la normativa.
La Defensoría del Pueblo encontró debilidades en la atención adecuada y aplicación del formulario de verificación para el traslado de NNA, a lo que se suma la falta de coordinación en los horarios de atención (apertura y cierre) de las oficinas de las DNA y de las terminales; además se evidenció horarios en los cuales la presencia estatal disminuiría considerablemente en el control de documentos. Se observó que todas las oficinas de las DNA intervenidas, verifican la documentación contrastando documentos originales y fotocopias, procedimiento que se constituye en una debilidad del mecanismo de control ante posibles casos de falsificación de documentos.
Asimismo, de manera alarmante, la Defensoría del Pueblo identificó la ilegalidad en el uso de poderes especiales, cartas notariadas y actas de tenencia como documentos permitidos para la autorización de viajes de NNA en los municipios de Quillacollo, Trinidad y Cobija, recomendando iniciar los procesos administrativos correspondientes al Personal de las Defensorías de la Niñez que permitan dicha situación.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo encontró debilidades en la regulación y fiscalización a los operadores de transporte; evidenció la falta de acciones que generen la participación y colaboración de éstos, siendo insuficiente la generación de normativa regulatoria y sancionatoria respecto al transporte y medidas de control.
Los gobiernos departamentales y la ATT no cuentan con programas destinados a informar, socializar y concienciar a los operadores de transporte, respecto a las causas y consecuencias del fenómeno de la trata de personas, a fin de incluir de forma activa a este sector, concienciando sobre la exigencia de los documentos de viaje al momento de extender boletos de viaje a niñas, niños y adolescentes.
RECOMENDACIONES
Como parte de este informe defensorial, se emitieron recomendaciones, recordatorios y sugerencias a instancias estatales que están involucradas en la protección de niñas, niños y adolescentes y en el trabajo para incidir en la lucha contra la trata y tráfico de personas, a fin que se implementen medidas correctivas para subsanar las falencias y debilidades identificadas.
En ese marco se emitieron recomendaciones al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Policía Boliviana, ATT, a los nueve gobiernos departamentales; a 24 gobiernos municipales, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al AGETIC.
La institución, asimismo, sugirió ratificar el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire que complementa la convención de las Naciones Unidades contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrito por el Estado Boliviano y derogar el parágrafo III del Artículo 321 (Tráfico de Personas) en consonancia a los estándares internacionales.