En conferencia de prensa desarrollada en oficinas de la Mesa Defensorial Puerto Suárez, cinco representantes de comunidades indígenas ayoreas establecidas en los municipios de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, recibieron sus credenciales de manos de Arturo Chiqueno, presidente de la Central Ayorea Nativa del Oriente (CANOB), en el marco de lo que establece la nueva Constitución Política del Estado y las recomendaciones formuladas en la Resolución Defensorial emitida por la Defensoría del Pueblo.
La Responsable de la Mesa Defensorial Puerto Suárez, Dra. Elizabeth Martínez Barbery, explicó que la necesidad de acreditar a las y los representantes de estas comunidades, surge de la validación del Estudio sobre el Estado de Situación del Pueblo Indígena Ayoreo en la provincia Germán Busch, en el que se constata que autoridades locales ven como una limitante para el diseño y planificación de planes y proyectos a favor de los indígenas ayoreos, la falta de acreditación por parte de su organización matriz.
A su turno, el señor Chiqueno manifestó que el objetivo principal de la entrega de credenciales es presentar a las autoridades de instituciones públicas y privadas y a la ciudadanía, a cada uno de los representantes de las comunidades indígenas ayoreas, al mismo tiempo que demandó el respeto a sus derechos humanos y atención a sus necesidades principalmente en lo relativo a salud, educación y vivienda.
Las credenciales entregadas recayeron en Papi Posito Etacoré, de la comunidad del barrio “Las Malvinas”, Roberto Etacore Posito del barrio “3 de Mayo”, ambos en Puerto Suárez, Osorami Nurumini Etacore de “Motacucito Nuevo”, Ignacia Posoroja Picanerai de “Yacuses” y Fernando Chiqueno Nurimini de la comunidad del barrio “San Antonio” de Puerto Quijarro.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en los artículos 4 y 5, establece que los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía y autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales.
FUENTE: Defensoría del Pueblo.