La Defensoría del Pueblo expresa su consternación por la trágica muerte de la cadete Cinthia Poma, fallecida mientras cursaba estudios en la Academia Nacional de Policías, en circunstancias que todavía están en investigación, así como del cadete del Liceo Militar Luis Espire y del conscripto Alan Álvarez, ambos fallecidos por ahogamiento mientras trataban de rescatar una movilidad.
Expresamos a las familias de las tres personas, nuestra solidaridad y pesar, afirmando además nuestro compromiso de realizar las investigaciones que lleven a determinar las causas e identificar a los responsables de estos hechos para exigir que se los sancione.
Desde nuestra responsabilidad de velar por la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos, queremos reiterar, como lo hemos hecho en varias oportunidades, nuestra preocupación y alarma por lo que parece ser una actitud de subvaloración por la vida y la integridad de los y las jóvenes que ingresan a los centros de formación militar y policial. No otra cosa significa, por ejemplo, el hecho que la cadete Poma haya sido sometida al rigor de la exigencia física y probablemente a tratos inhumanos como parte de un simple examen anual de una materia, hasta niveles más allá de su resistencia que le ocasionaron finalmente su deceso.
También es condenable que se haya permitido, o acaso promovido, que el cadete Luis Espire y el conscripto Alan Alvarez, ambos bajo responsabilidad de la Academia Militar, ingresaran a la corriente del río sin las debidas medidas de protección y auxilio que precautelaran su vida.
La priorización de otros objetivos y principios por encima del valor supremo de la vida y la seguridad, muestran una pérdida progresiva de los valores que sustenta el Estado Plurinacional y que garantizan la construcción de una sociedad justa, pacífica y libre.
En ambos casos estamos realizando las investigaciones necesarias que nos manda la ley y las llevaremos adelante hasta que se determine claramente a los responsables de la vulneración de los derechos humanos, especialmente a la vida, la integridad y la seguridad que las instituciones del Estado deben a quienes acuden a sus recintos para formarse.
Más allá de esta acción, reiteramos una vez más nuestra posición respecto a la necesidad de enfrentar el tema de la violencia y los casos de fallecimientos en centros militares de manera integral y responsable, no sólo para investigar los casos evidenciados, sino fundamentalmente para evitar que sigan sucediendo.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia