Las personas que viven con el VIH-SIDA sufren la sistemática violación de sus derechos a la salud, educación, privacidad y reproducción, fundamentalmente, producto de la discriminación, estigma e insensibilización por parte de las instituciones del Estado y de su entorno social y familiar por causa de la desinformación y desconocimiento sobre la problemática, afirmó este lunes en conferencia de prensa, el representante de la Red Boliviana de Personas portadoras, Nelson Balderrama.
Balderrama manifestó que esa entidad trabajó en un diagnóstico sobre los derechos humanos de este grupo poblacional que estará incluido en un informe que será presentado en octubre próximo y que se constituirá en el primero, pues no existe documento alguno sobre la temática.
Queremos cambios de actitudes, que haya mayor sensibilización para con nosotros, que sufrimos discriminación cuando vamos a un hospital, en nuestro trabajo o en el colegio, de ahí que es importante trabajar en campañas de información y concientización, pues hay personas que desconocen si son portadores o no recurren a un tratamiento por el miedo a que se lo estigmatice, o peor aún”, manifestó.
Datos del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA del Ministerio de Salud señalan que los casos registrados desde 1984 hasta junio de este año, suman 14.312, aunque ONU SIDA menciona que son 16.000. Santa Cruz es el departamento que concentra más casos con un 52%, seguido de Cochabamba con un 20% y La Paz con un 17%. El resto del porcentaje está distribuido en el resto de los departamentos. Asimismo, el 62% de los portadores del virus son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 34 años.
La Adjunta de Programas y Actuaciones Especiales, Griselda Sillerico, manifestó que alarma y preocupa el número de casos, sin embargo, más allá de las cifras se debe mirar qué existe detrás de cada una de estas personas; tomar en cuenta que este tema es transversal porque afecta a la infancia, a la niñez, a la adolescencia, a mujeres, a indígenas, a personas adultas mayores y a otros grupos de la sociedad.
Recordó que la Defensoría del Pueblo años atrás presentó observaciones y recomendaciones ante la inexistencia de una normativa que proteja la vida y derechos de este sector poblacional logrando impulsar la aprobación de la Ley 3729 en 2007. Hasta entonces, existían 2.451 casos registrados, desde entonces estos se han incrementado en casi 12.000. Sillerico anunció que la entidad se encuentra en la fase final de la elaboración de un informe se seguimiento sobre el cumplimiento de esta legislación que se presentado en esta gestión.
De acuerdo a Balderrama, no existen muchas denuncias sobre vulneración de derechos humanos debido a que la población afectada no denuncia por no ser víctimas de discriminación y estigmatización, sea en su colegio, universidad o su fuente laboral. Las mujeres junto a los indígenas son los que sufren doble y hasta triple discriminación por su condición.
FUENTE: La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia