Desde la gestión 2013 hemos venido alertando de manera recurrente los extremos niveles de violencia que sufren, especialmente, las niñas y las adolescentes en nuestro país, lo que se refleja particularmente en la violencia sexual, el acoso y la discriminación que no solamente son crecientes sino que ocurren en el silencio, la indefensión y la complicidad.
Hoy hemos vuelto a conocer un hecho criminal que segó la vida de una niña de 13 años en El Alto; abusada y asesinada de la manera más cruel y despiadada a manos de la violencia machista y patriarcal. Pese a las características del hecho, apenas ha merecido modestos espacios informativos y alguna declaración circunstancial de la autoridad que investigará el hecho y la protesta de los vecinos que se limitan a buscar a los culpables.
Hasta ahora se han conocido de 10 casos de asesinatos de niñas y niños en lo que va del año; en 2014 esta cifra alcanzó a 72 y pese a la sucesión de hechos, a la evidencia de que se trata de un problema de gravedad extrema, las instituciones del gobierno, las alcaldías y las gobernaciones mantienen una actitud displicente, irresponsable y hasta cómplice con esta situación.
Por otro lado, todos los datos presentados por las instituciones de derechos humanos y de seguridad ciudadana, muestran que El Alto es una de las ciudades más inseguras para la niñez y las mujeres, debido a la cantidad de hechos de violencia física y sexual que se reportan, sin embargo de manera obstinada e incompresible, su alcalde y sus concejales, que juraron defender a sus ciudadanas y trabajar por su seguridad, se han negado a aprobar una simple ley de declaratoria contra la violencia contra la mujer que asignaría recursos y comprometería a toda la institucionalidad en este objetivo.
Pero no son solo las autoridades las que deben responder por la muerte de Esther y las cientos de niñas y mujeres que han sufrido las consecuencias de una sociedad que está perdiendo todos los valores humanos de respeto y protección hacia las niñas, niños y adolescentes. Como señala la Constitución en su Art. 60 «Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia…», por lo que también la sociedad y las familias son las que tienen el deber de proteger y garantizar la seguridad de las niñas, niños y adolescentes y ninguno de estos niveles puede asumirse como inocente en la situación que vive nuestra infancia y niñez.
Por todas esas razones instamos a todas las madres, padres de familia, educadores, autoridades y a la población en general que en forma unánime hagamos efectivo un acuerdo nacional por los derechos humanos, específicamente de las niñas y adolescentes. Sólo así dejaremos de obrar de manera aislada; todas las instancias del Estado debemos conformar un solo bloque para enfrentar este mal con acciones urgentes como la vigilancia en los espacios más peligrosos donde se ha identificado la recurrencia de estas acciones.
Es necesario que el Ministerio Público y el sistema judicial activen mecanismos expeditos y efectivos para sancionar con las más duras penas a quienes cometan delitos como los que asesinaron a Esther y lo hagan con la misma celeridad y firmeza con que se están sancionando los feminicidios demostrando que cuando hay voluntad política es posible asumir acciones coherentes y sostenidas.
Asimismo, una de las primeras tareas que se debe encarar es insistir en la aprobación de la Alerta contra la Violencia hacia la mujer, tanto en el nivel central como en los departamentos y municipios, especialmente en El Alto, Santa Cruz y Pando, donde pese a las evidencias se muestra una negación culpable. Al respecto queremos anunciar que estamos analizando tomar acciones contra las autoridades de estas instituciones ya que consideramos que la negativa ingresa en el campo del incumplimiento de deberes legales.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia