Denuncian malos tratos en el Centro Penitenciario de San Miguel de Uncia y la Mesa Defensorial interviene logrando resultados positivos.
A raíz del último cambio en la Directiva del Centro Penitenciario San Miguel de Uncía, existieron reacciones de los internos, particularmente en el pabellón de mujeres, las cuales denuncian malos tratos tanto hacia ellas como a sus hijos por parte de las funcionarias policiales asignadas al cuidado de las celdas y que pese a sus reclamos al Director del centro, no recibieron respuesta favorable a sus demandas.
Atendida la casuística en coordinación con el director del centro penitenciario se determinó elevar un informe por parte de esta autoridad al régimen penitenciario de la ciudad de Potosí, entidad que tiene tuición en la determinación de cambios de los funcionarios policiales; sin embargo por el tiempo transcurrido y no haber recibido respuesta a la misma por parte de la Dirección Departamental, las internas que suman el número de diez, decidieron iniciar la medida extrema de una huelga de hambre, la cual indirectamente involucraba a sus hijos con la firme intención de pedir el cambio de las dos policías que presuntamente proferían los malos tratos.
Cabe argüir que si bien los internos de los diferentes recintos penitenciarios tienen restringido su derecho a la libertad, empero tienen incólumes sus demás derechos tal cual establece el Título I, Cap. III de la ley 2298 y en el presente caso es aplicable la protección del derecho a la dignidad y a un trato digno por parte del personal de seguridad, aspecto concordante con el art. 68 num. 2 de la referida ley y art. 2 num. 1 y 2 del D.S. N° 26715.
Por otra parte al verse implicado indirectamente en la medida de presión otro grupo vulnerable como son los niños, es aplicable la previsión contenida en el art. 109 un. 9 de la ley 2026 aspecto que amerita la resguarda e intervención de la Defensoría del Pueblo en aras también de precautelar el derecho a la vida y salud.
Es así que la Defensorial del Pueblo constituyéndose nuevamente en el penal llegó a sostener una reunión con todos los internos y la Dirección posibilitándose el cambio interno administrativo de las dos funcionarias policiales mientras llegue la determinación departamental respecto a los procedimientos administrativos a adoptarse con las mismas, lo cual motivó se levante la medida extrema.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Bolivia