En los últimos meses, los bolivianos y las bolivianas hemos sido informados de graves hechos de violencia que, por su atrocidad y recurrencia, han producido consternación e indignación generalizada. Hemos oído con estupor de asesinatos, violaciones y vejámenes cuyas víctimas han sido principalmente niñas, niños y adolescentes y mujeres, aunque también se han evidenciado contra personas de diferente orientación sexual e incluso personas de la tercera edad.
Algunos de ellos han permanecido más tiempo que otros en la agenda pública, como el caso de Patricia Flores o Hanaly Huaycho, que lograron sostener el tema en la conciencia pública pero también apresurar la promulgación de una ley en la que hemos puesto muchas esperanzas pero que hasta ahora no termina de nacer; otros casos como los de Wara Azeñas, Noelia Peña, Dominga Utinca, Leandra Arias Janco, Elizabeth Rivera o Mei Lin Ke ni siquiera las recordamos. Todas ellas fueron niñas y mujeres que sufrieron la atrocidad de la violencia criminal que se ensañó con salvajismo despiadado sobre sus cuerpos hasta causarles la muerte en medio de las más crueles e inhumanas torturas que ni siquiera alcanzamos a imaginar.
Una revisión parcial de los reportes de prensa, arroja cifras macabras de este sinsentido, en el que parece que estamos atrapados hoy por hoy como sociedad y como país. Entre enero y junio de este año, los medios informan que 23 mujeres han sido víctimas de feminicidio, 41 niñas y adolescentes, 11 niños y 13 mujeres fueron violadas, 31 personas fueron víctimas de brutales agresiones, de estas 25 eran mujeres. Hace unos días se ha publicado un informe que recoge datos oficiales que señalan que en la gestión 2012 la policía registró 3.602 denuncias por violencia sexual en Bolivia, 33% más que un año antes; de estos casos 2.386 correspondían a violaciones; 27% más que en la gestión 2011.
Las cantidades reales son obviamente mayores si consideramos los casos que no llegan a la prensa, los que se quedan en los escritorios de los administradores de justicia o los que no son siquiera denunciados.
Esta violencia está afectando a toda la sociedad, pero se ensaña con mayor dureza y frecuencia contra las mujeres, especialmente las niñas y adolescentes. Aunque encuentra mayor recurrencia de casos en los barrios periféricos, las comunidades o los grupos con derechos más vulnerables, se evidencia en todas las regiones, las clases y los espacios sociales. Basta recordar el asesinato de una empresaria en Santa Cruz, la violencia ejercida contra una diputada en La Paz o la violación de una funcionaria en plena Asamblea Departamental en Sucre para darnos cuenta que este cáncer está afectando a todos los espacios y grupos de la sociedad boliviana. También los victimarios han resultado de diversa laya y condición; desde padres, hermanos, tíos, esposos, concubinos, delincuentes comunes, pandilleros, policías, militares, políticos, profesores de escuela, privados de libertad, vecinos o desconocidos. En esta carrera de violencia no podemos ignorar que también hay adolescentes y mujeres que aparecen como autores de crímenes violentos.
Sólo los hechos más brutales y despiadados o aquellos que alcanzan relevancia mediática nos hacen reaccionar y reflexionar sobre las razones que nos están llevando por este camino de violencia, que aunque no es ajeno a las sociedades latinoamericanas, en Bolivia alcanza niveles desproporcionados; a tal grado que según la propia Organización de las Naciones Unidas, Bolivia ocupa el vergonzoso primer lugar entre 13 países de la región en violencia física contra las mujeres, y es segundo en violencia sexual, después de Haití. Esta realidad incontrastable se muestra cada día en todas nuestras ciudades, pueblos, barrios y familias que viven atemorizados, indignados y paralogizados sintiendo una indefensión cada vez mayor y a la vez una ausencia de respuestas de las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizarles la seguridad, la integridad y la tranquilidad.
Y más allá de la insulsa discusión que nos hace pensar si hay más casos o se denuncia más, lo cierto es que como sociedad y como Estado no podemos seguir en este camino. El análisis de las causas y los factores que las activan, la emisión de nuevas leyes, la ampliación de las penas y la creación de nuevas instituciones, son importantes pero no suficientes ni pertinentes en este momento.
Es hora de enfrentar el tema como un problema de urgencia y prioridad nacional más allá de cualquier diferencia o consideración. Es hora de terminar con esta permisividad culpable y cómplice que nos deja paralizados en la condena, el discurso, el análisis y las promesas; es hora de tomar conciencia activa y de asumir que la violencia despiadada y brutal contra los niños, niñas, adolescentes y mujeres debe enfrentarse desde todos los espacios y todos los ámbitos de la sociedad y el Estado.
La Defensoría del Pueblo, como institución responsable de velar por la vigencia, ejercicio y cumplimiento de los derechos humanos en Bolivia plantea hoy la realización de un diálogo nacional que culmine en el mejor de los casos en una cruzada nacional en contra de la violencia hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres, de modo que se involucre a todos y todas en este propósito que está afectando las bases mismas de la convivencia social.
Es necesario que la Cumbre de Seguridad que se realizará en los próximos días, asuma como prioritaria la ejecución de acciones efectivas para mejorar la seguridad en las escuelas, los barrios alejados del centro de las ciudades, las áreas de recreación y en todos los espacios públicos donde viven, estudian y aún trabajan nuestros niños, niñas y adolescentes. Ninguna medida para protegerlas y protegerlos es exagerada o resulta inadecuada.
Debemos tener a la impunidad como uno de los factores más importantes a enfrentar. No podemos seguir permitiendo que los causantes de semejantes atrocidades sean liberados de las penas que les imponen las leyes, ni que queden en libertad por la falta de seguimiento o por los errores procedimentales.
Sin vulnerar los derechos humanos, las modificaciones al Código Penal y su procedimiento y las otras normativas del ámbito judicial deben disminuir la posibilidad de que los delincuentes y perpretadores de estas acciones puedan acceder a la libertad, se burlen del sistema judicial o queden impunes.
Debemos exigirle más efectividad a la policía no solamente en su acción investigativa sino en sus mecanismos preventivos y disuasivos. Es necesario que los servidores del orden estén en los barrios distantes, en las comunidades campesinas y en los espacios donde se puedan dar estos hechos y para ello la institución debe ser fortalecida en sus recursos humanos, técnicos y tecnológicos. Y en los casos en que uno de sus miembros cometa estas atrocidades, debe ser castigado con el mayor rigor y sin ninguna protección especial.
Aunque nosotros respetamos la responsabilidad del ejercicio profesional de derecho, apelamos a la conciencia de los abogados y abogadas que asumen la defensa de los acusados de crímenes contra la niñez, la adolescencia y en general en este tipo de violencia criminal que enmarquen sus acciones en el cumplimiento estricto de la ley y sus principios éticos, evitando la recurrencia a mecanismos que las distorsionen y las vulneren.
El sistema escolar debe reforzar sus sistemas de protección y alerta. Los centros educativos deben tener vigilancia en las puertas y las cercanías de sus instalaciones, que son lugares donde pueden merodear los delincuentes y depredadores. Pero también, es necesario que profesores y profesoras agucen la sensibilidad para detectar cambio en el comportamiento de las niñas y niños que suelen ser indicadores de que son víctimas de violencia. Muchas veces las escuelas son los únicos lugares donde ellas y ellos encuentran espacios para exteriorizar sus dramas familiares.
Los medios de comunicación son entidades fundamentales en este propósito. Su responsabilidad debe ir más allá de la difusión de noticias y la visibilización de los hechos. En este tema no hay cabida para la imparcialidad ni el equilibrio y se debe tomar una posición abierta y contundente en contra de la violencia hacia los niños, niñas, adolescentes y mujeres, evitando la revictimización, la difusión repetida de imágenes que muestran a las víctimas como objetos de exhibición en una especie de espectacularización de la desgracia. Los medios televisivos deben ejercer un mayor control sobre los contenidos de los programas, normalmente extranjeros, que ensalzan y naturalizan la violencia como forma de comportamiento habitual e incluso aceptable.
A los publicistas, a los empresarios del marketing y a los medios televisivos que son permisivos con esta práctica, les exhortamos a pensar seriamente en la forma en que se utiliza el cuerpo de la mujer como instrumento de venta, reforzando hasta lo intolerable los niveles de machismo. En este ámbito, también los municipios deben actuar de manera drástica controlando la venta libre de la pornografía que está inundando nuestras calles. No es posible que los niños y jóvenes tengan acceso inmediato y abierto a esta industria degradante y que las autoridades no hagan nada.
El internet ha sido uno de los instrumentos más importantes del siglo para ampliar a niveles inimaginables el conocimiento y la posibilidad de democratizar la comunicación, sin embargo también es el medio por donde se filtran cada día las formas de persuasión y activación de la violencia y la degradación social.
El narcotráfico y el alcoholismo son también problemas que forman parte de este escenario que no podemos seguir viendo como fenómenos aislados e inconexos ni tampoco soslayarlos al momento de atacar las raíces de la violencia y el crimen en Bolivia.
Estos son solo algunos espacios en los que debemos actuar con urgencia.
Pero quizá lo más importante sea la acción de la sociedad. Es posible que factores como la pobreza en que vive una gran parte de la sociedad boliviana, y la falta de oportunidades, estén afectando nuestra posibilidad de ejercer un mayor cuidado sobre nuestras hijas e hijos, pero también es indudable que estamos perdiendo valores sustanciales, especialmente cuando pensamos en la familia. Como generación somos testigos de la desmembración cada vez más frecuentes de los hogares; la violencia sicológica, física y simbólica dentro de la familia es una conducta que se hace cada vez más frecuente y normal; no estamos sabiendo responder a la educación y la formación en valores humanos y espirituales de nuestros adolescentes y sobre todo pareciera que estamos empeñados en la búsqueda del bienestar material, el hedonismo y el reconocimiento social, como fines últimos y como respuesta a nuestras necesidades y nuestros objetivos individuales y colectivos.
Estoy convencido que el retorno a la solidaridad y la corresponsabilidad son los mecanismos más útiles y eficientes en este momento crítico. Como padres y madres, como miembros de un barrio, una comunidad o un espacio social tenemos la responsabilidad de proteger y velar por la seguridad y la integridad de todos y todas, pero especialmente de nuestras niñas y niños. Sólo cuando volvamos a valorizar el sentido de comunidad y de grupo estaremos dando pasos ciertos para pensar que esta situación puede cambiar.
Si no asumimos medidas eficaces, no sólo seguiremos lamentando estos hechos criminales, sino que estaremos fortaleciendo la tendencia de la misma sociedad a tomar acciones directas y equivocadas y al incremento de las acciones que les hacen implantar justicia por sus propias manos.
Por mi parte, como Defensor del Pueblo, he instruido a mis Representantes promover convenios y alianzas, generando al interior de sus departamentos, espacios de sensibilización y de acción interinstitucional y social. Asimismo, estamos ampliando y reforzando los mecanismos para acercarnos más a la gente y posibilitar que quienes conozcan o sean víctimas de la violencia puedan denunciar estos hechos en nuestras oficinas. Nuestro mandato nos permite hacer seguimiento y vigilar para que las entidades responsables cumplan con su deber.
Finalmente quiero exhortar a todos y todas a sumarse a este propósito en el que nos estamos jugando el presente y comprometiendo seriamente el futuro de nuestra sociedad.
Muchas gracias.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia