La Defensoría del Pueblo expresa públicamente su preocupación por el incremento de acciones violentas e intimidatorias cometidas por funcionarios del Estado y por personas particulares, que intentan entorpecer, acallar, afectar y conculcar el trabajo que realizan las y los periodistas en el desarrollo de sus actividades de investigación e información, mismas que se encuentran protegidas y garantizadas por la Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta y los tratados y acuerdos internacionales suscritos por el Estado boliviano.
Recordamos a las autoridades del Estado y a la opinión pública que los instrumentos internacionales más importantes sobre derechos humanos y que han sido adoptados por el Estado boliviano, señalan que «todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».(Declaración Universal de los Derechos Humanos).
Asimismo, la Constitución Política del Estado establece claramente en su Art. 106 que: «El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información».
Por su parte, una serie de iniciativas y declaraciones de las Naciones Unidas a través de la UNESCO y otras agencias, han alertado permanentemente sobre la necesidad de implementar medidas, acciones y políticas que protejan y resguarden la seguridad de las y los periodistas y que estas «no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos; por el contrario, se necesitan mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas de las causas profundas de la violencia contra los periodistas y de la impunidad». (Declaración del Consejo del Programa Internacional de la UNESCO para el Desarrollo de la Comunicación, 2010).
De acuerdo con informes de seguimiento de la Asociación Nacional de la Prensa, en los últimos cinco años, se han presentado en Bolivia casi 200 casos de agresiones físicas, verbales, atentados y amenazas contra periodistas, cuatro de estos casos han concluido en asesinatos. Del total de agresiones, ningún caso ha sido sancionado y las investigaciones a cargo del Ministerio Público, no prosperan, debido a diversas causas mayoritariamente injustificadas y que están alentando peligrosamente a contribuir a que la impunidad sobre estos hechos se naturalice en nuestras sociedades.
En los últimos días se han conocido de al menos cuatro hechos muy graves cometidos contra Erick Dávila, de una radio en Santa Cruz, detenido arbitrariamente por varias horas en la policía, acusado de «la comisión de un delito en circunstancias en que cubría un hecho delictivo; Carlos Quisberth, enviado a la cárcel mientras ejercía su labor de investigación periodística; la agresión a Daniel Bedoya, camarógrafo de un canal de televisión que sufrió heridas en la cabeza por el impacto de una piedra lanzada por choferes durante una protesta que éstos realizaban en la ciudad de La Paz; y el caso más reciente, el de José Manuel Manzaneda, periodista televisivo que recibió terribles amenazas presuntamente por realizar investigaciones que involucraban a personal policial.
Estos hechos no pueden quedar en la impunidad ni tomarse como situaciones aisladas carentes de gravedad, ya que pueden estar mostrando una tendencia de impedir que los y las periodistas cumplan con su derecho de investigar e informar sobre situaciones de violencia, corrupción e ineficiencia de instituciones y autoridades, que son de interés público y que la ciudadanía debe conocer.
Entendemos que la libertad de prensa sólo puede ejercitarse y cumplirse plenamente cuando las y los periodistas no sufran intimidaciones, presiones ni coerción en su labor; lo contrario significa que estamos ingresando a un estado donde las libertades más fundamentales pueden ser conculcadas frente a la pasividad, la inacción y la complicidad de quienes en calidad de funcionarios del estado como son los fiscales y los jueces tienen la obligación de actuar frente a estos hechos.
Demandamos a la Asamblea Legislativa que se conforme una comisión que investigue los sucesos que hayan implicado violencia contra las y los periodistas en el ejercicio de su trabajo, se inicien acciones penales contra quienes resulten autores y se analicen las medidas de protección y prevención para resguardar el trabajo periodístico y la libertad de expresión, por ser pilares de la democracia y de la libertad.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia