Quiero expresar mi homenaje y mi profundo compromiso con los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, especialmente con aquellos que sufren la conculcación, vulneración y negación de sus derechos fundamentales.
Aunque no existen mediciones sistemáticas y oficiales, las cifras que presentan periódicamente instituciones de derechos humanos y el propio Estado, dan cuenta que hay mejoras notables y destacadas en muchos aspectos que hacen a nuestros niños y niñas. Gracias a las políticas públicas eficientes y comprometidas, hemos avanzado en la disminución de la pobreza extrema, que era una de las principales causas de la vulneración de sus derechos. Pese a que los niveles siguen siendo alarmantes, estamos reduciendo la mortalidad infantil, debido precisamente al factor anotado.
Medidas como los bonos y la acción eficiente de los gobiernos municipales está aportando en la disminución de los niveles de desnutrición; la política educativa permite que casi la totalidad de nuestros niños y niñas tengan acceso a la educación fiscal y gratuita; los seguros básicos de salud y los programas especiales están permitiendo que los y las infantes puedan acceder a los servicios de salud en cada vez más poblaciones.
El gobierno central y los gobiernos municipales están cada vez más sensibilizados sobre la problemática y se dictan numerosas leyes y reglamentos que benefician a esta población, que constituye más del 40% de todos los habitantes del país.
Estas mejoras sin embargo, continúan teniendo el sesgo de la discriminación ya que se ejercen de manera completa e integral en las ciudades pero en el área rural, las diferencias son notables y lo son más aún en las naciones y pueblos indígenas originarias. Además que un factor determinante es la diferencia de acceso que se da, en esos lugares, entre niños y niñas, donde siempre las menos favorecidas resultan siendo las niñas.
Con todo, podemos pensar que, si nos referimos a los derechos básicos, estamos en el camino correcto.
Sin embargo en un ámbito en el que definitivamente estamos estancados y hasta retrocediendo, es el relativo a la su integridad física, sicológica y emocional y más aún cuando los espacios donde esa situación se expresa con mayor gravedad, son aquellos que deberían asegurarles la protección, me refiero a su propio hogar y su escuela.
Junto al tema de la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes es la deuda más alta que tenemos como país y como sociedad.
Esta deuda es más grave porque se trata de una población que no tienen ni siquiera el derecho o la posibilidad de reclamar por sí misma.
Las cifras son muchas veces tan frías que no alcanzan a expresar en toda su magnitud este drama lacerante que lastima de manera tan dura nuestra naturaleza como sociedad y nos reflejan por ejemplo que:
· El 83% de las niñas, niños y adolescentes sufren violencia en sus propios hogares o escuelas, a través de la práctica del castigo físico, mediante golpes e insultos se sus propios padres, madres, maestros y su entorno familiar.
· 1.2 millones de niños, niñas o adolescentes alguna vez han sido castigados físicamente.
· Hay más de 20 mil niños, niñas y adolescentes que viven en centros de acogida; el 75% tiene familias.
· Cerca a un millón de niños, niñas y adolescentes bolivianos trabajan. La mayoría en condiciones de alto riesgo.
· Más de 1.400 viven en cárceles acompañando a sus padres
· Cerca de 3.000 se encuentran viviendo en la calle y otros miles son víctimas de la violencia sexual comercial, la trata y el tráfico.
· De cada 10, siete estudiantes recibió alguna vez un grito o golpe en la escuela.
· El 90% de estos actos de acoso o violencia escolar se producen dentro de las propias unidades educativas.
· 34% de las niñas y 23% de los niños en Bolivia fueron sexualmente agredidos antes de cumplir los 18 años.
· En promedio, 16 niñas o niños y adolescentes son violados cada día en Bolivia. 60% por ciento de los sospechosos son delincuentes reincidentes.
· Tres de cada cuatro casos de agresión sexual que involucran a menores de edad ocurren en casa o en la escuela.
Los factores preponderantes en nuestro país, que perpetúan la violencia hacia la niñez y adolescencia se encuentran en:
o La ausencia relativa del reconocimiento social de niños, niñas y adolescentes como personas titulares de derechos.
o La visión adultocentrista, patriarcal y machista de la sociedad
o La ausencia de mecanismos estatales e institucionales eficientes que permitan el ejercicio real y concreto de los derechos
o Los procesos de desintegración familiar relacionados con las graves limitaciones económicas.
o La situación de inequidad de género y la estructura patriarcal que definen formas de comportamiento machistas y donde perviven ideas, concepciones y valores construidos socialmente que tienden a la desvalorización de la identidad de la niña y adolescente como persona.
¿Qué estamos haciendo como Defensoría del Pueblo frente a esta realidad?
Aunque se trata de un problema estructural, como Defensoría del Pueblo tenemos el mandato constitucional de velar por la vigencia, promoción y difusión de los derechos humanos de todos los bolivianos y bolivianas, pero especialmente de aquellos cuyos derechos son más vulnerables, entre ellos se encuentran los niños, niñas y adolescentes.
Resultados en el trabajo defensorial en la incidencia en políticas públicas referidas a las niñez y adolescencia
1) Hemos coadyuvado en la construcción del Plan Plurinacional de prevención de la violencia, maltrato y abuso en el ámbito educativo liderado por el Ministerio de Educación.
2) Aportamos en la reformulación del Reglamento disciplinario de las autoridades de las unidades educativas.
3) Trabajamos en la socialización del Proyecto de Ley contra la Violencia, maltrato y Acoso Escolar con Unidades Educativas en municipios de todo el país.
4) Hemos trabajado en el fortalecimiento de las Organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes en un trabajo conjunto con UNICEF
5) Se logró la participación de las Organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes en la formulación de propuestas a la Reforma al Código del Niño, Niña y Adolescente
6) En coordinación con Visión Mundial se llevó a cabo el encuentro nacional «Participación de NNA en los espacios municipales» en todo el país
7) Se aportó en la construcción de propuestas de políticas municipales de niñez que fueron presentados a los municipios correspondientes.
7) Se conformó la Red Nacional y Redes Departamentales de lucha contra la violencia sexual, en La Paz-El Alto, Cochabamba, Tarija, La Paz, Oruro, Santa Cruz y Sucre. En este encuentro se presentó el diagnóstico sobre violencia sexual como un problema de salud pública y de justicia social
9) Luego de una gestión defensorial, en Tarija, la Sala Plena de la Corte departamental de Justicia emitió una acordada, que establece que todos los casos sobre violencia sexual perpetrada a niñas, niños y adolescentes deben ser atendidos con prioridad y especialidad. Así mismo, el Fiscal General emitió Resoluciones a todos los fiscales para otorgar prioridad de atención en los casos de violencia sexual a la niñez y adolescencia.
10) A través de verificaciones defensoriales en Bermejo se ha realizado la exigibilidad a las gobernaciones y gobiernos municipales para que asuman su rol de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en la zafra de caña de azúcar.
12) La Red Parlamentaria de Niñez y Adolescencia en coordinación con la Defensoría del Pueblo conformó Comisiones impulsoras Departamentales para la construcción de políticas de atención y prevención de la violencia. Actualmente se tiene conformada y desarrollando acciones de prevención en 5 ciudades capitales: Tarija, Oruro, Sucre, Potosí, Cochabamba.
13) Se aportó en la conformación de 12 Redes en fronteras de Bermejo, Yacuiba, Villazón, Tupiza, Pisiga, Cobija, Guayaramerín, Puerto Suarez, Desaguadero, Uncía, Llallagua, Tupiza, Cotagaita y 4 Redes Departamentales en Tarija para trabajar de manera integral la lucha contra la trata y tráfico que afecta principalmente a los niños y niñas.
Resultados en la atención de casos referidos a niñez y adolescencia
Durante la gestión 2012 la Defensoría del Pueblo, recibió en sus Representaciones y Mesas Defensoriales 12.735 denuncias de vulneraciones de derechos,
De estos 12.735 casos, un total de 538 fueron presentados por niños, niñas y adolescentes. Muchos de ellos corresponden a derechos vulnerados de otras personas relacionadas, por ejemplo sus padres, abuelos u otros.
En relación a las denuncias que se refieren a la vulneración de derechos de los niños y niñas, que fueron presentados por niños o adultos, estos suman 689, es decir el 5.41% del total de casos.
Del total de vulneración de derechos de menores, la composición por sexo es de 60% mujeres y 40% varones.
A nivel departamental, la mayor cantidad de casos corresponde a La Paz, luego están Oruro, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.
De los datos expuestos resalta los casos registrados en el departamento de Oruro y La Paz, y ello podría ser atribuible al encuentro con la población en escuelas que realiza nuestra representación en esa ciudad.
Derechos denunciados
De los 550 casos que admitimos a partir de las 688 denuncias, los derechos más vulnerados son el derecho a la educación, a la Integridad física, psíquica y moral, a la protección de la familia y del niño, derecho de todo ciudadano a exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública y otros, según el cuadro.
Agentes públicos y privados denunciados
Dentro de los 550 casos admitidos se denunciaron la vulneración de derechos fundamentales de agentes públicos y privados, Los más denunciados fueron: la Dirección Departamental de Educación – Oruro, la Dirección Departamental de Educación – La Paz, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, el Ministerio Público, el Órgano Electoral, el Ministerio de Educación, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y otros.
Nuestras distintas Representaciones lograron subasanar, es decir solucionar, 413 casos en los que los derechos vulnerados de los niños y niñas fueron restituidos.
Promoción y educación
En el caso de comunicación, destaca la campaña masiva denominada «La voz de los niños, niñas y adolescentes», que se difundió a nivel nacional y que incluyo material gráfico, en audio y video con el objetivo de sensibilizar y posicionar la problemática, además de difundir y promocionar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
En educación, se destacan los procesos de capacitación a nivel nacional referidos a la problemática de trata y tráfico, que involucran de manera directa no sólo a niños, niñas y adolescentes, sino también a mujeres, como poblaciones con derechos más sensibles de vulneración.
Destacamos el trabajo desarrollado desde la Representación de Chuquisaca en este sentido, que permitió difundir y luego replicar contenidos sobre prevención de la violencia con unidades militares que luego fueron responsables de réplicas al interior del departamento.
También destacan las acciones de las Representaciones de Tarija y Potosí tanto con la conformación de las Redes contra la trata y tráfico de personas como al fortalecimiento de Redes contra todas formas de violencia o la creación de los Consejos Departamentales para abordar la problemática.
Finalmente, destacamos como el desarrollo del «Primer levantamiento de información sobre las percepciones de niños, niñas y adolescentes junto a UNICEF.
Conclusiones
Ese es nuestro aporte y nuestro trabajo en la gestión 2012. Es importante señalar que hemos creado un programa especial dedicado al tema niñez en el que trabajamos en incidencia en políticas públicas de niños y niñas en situación de vulnerabilidad como los que viven en centros penitenciarios, los que trabajan en la zafra del azúcar y la castaña y en la minería; además estamos dedicando un esfuerzo especial al combate contra la trata y tráfico, la violencia en escuelas y por supuesto la violencia sexual, física y sicológica.
Quiero terminar este informe señalando que creemos imprescindible y urgente encarar el problema de la violencia hacia niños y niñas de manera decidida, integral y eficiente.
No podemos esperar que ocurra con un niño o una niña lo que sucedió con Analy para reaccionar como Estado y sociedad. La gravedad del problema es tal que precisamos que todas las instituciones nos pongamos de acuerdo en un solo propósito y que aprobemos normas específicas, que realicemos cumbres, que destinemos recursos, que hagamos campañas y que sobre todo asumamos este problema como una cuestión sustancial en la construcción de la nueva sociedad.
En Bolivia existen prácticas que viabilizan y posibilitan formas de esclavitud infantil
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó que en la actualidad en Bolivia se han generado prácticas que viabilizan y posibilitan formas de esclavitud infantil que están naturalizadas en la sociedad, lo cual preocupa pues es otra forma de violencia contra la niñez y la adolescencia.
«Tenemos como ejemplo la explotación infantil en la zafra de la caña de azúcar, la castaña e incluso la minería, que utilizan mano de obra barata de niños, niñas y adolescentes perjudicando su desarrollo físico, social, intelectual, psicológico y moral en base a una explotación sostenida», manifestó.
La cosecha de castaña moviliza de mayo a octubre a las zonas de producción del oriente, un contingente importante de trabajadores y sus familias, donde están involucrados cerca de 25.000 niños, niñas y adolescentes cuyas edades oscilan entre 9 y 13 años de edad.
Estos datos, remarcó, deben llamar la atención, más hoy cuando se recuerda el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, un mal que se debe erradicar para que millones de niños, niñas y adolescentes dejen de ser víctimas de trabajos nocivos y de alto riesgo, que les explota económicamente, atenta contra su desarrollo integral, les exige jornadas laborales prolongadas dentro y fuera del hogar, les produce tensiones físicas, sociales o psicológicas, les obstaculiza el acceso a la educación, socava su dignidad y autoestima.
«A estas formas de trabajo, consideradas las peores, se suma la trata y tráfico de personas que es la forma más cruda de la esclavitud porque además de privarlos de la libertad, cercena todos sus derecho, su dignidad e integridad física, psicológica y mental y les hace víctimas de la explotación comercial y sexual, bajo un sistema de esclavitud basado en la amenaza, la tortura y la violencia que lamentablemente se ha instalado ya en Bolivia», manifestó.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Bolivia