«La impunidad con que se cometen los delitos de violencia física, sexual, sicológica y los feminicidios, es uno de los principales y más graves factores que promueve la violencia hacia las mujeres», afirmó este lunes la Defensora del Pueblo interina, Griselda Sillerico, cuando se recuerda el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer.
Sillerico manifestó que si bien existen avances en materia normativa, como es la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, y en términos de generación de una conciencia y discurso público de condena y rechazo a esta práctica, aún existen ineficacia e ineficiencia en la aplicación de las leyes, ya que parece evidente que estos avances no amedrentan a los feminicidas ni victimarios que continúan actuando con la misma saña y crueldad.
Un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo sobre violencia sexual hacia la mujeres, señala que que del 100% de los expedientes de casos revisados en materias relacionadas con los derechos de las mujeres, el 71,2% fue rechazado por los fiscales por falta de pruebas. Asimismo, indica que de mil casos que son procesados en instancia judiciales, solo cuatro reciben una sentencia.
Las prácticas de fiscales, jueces y policías, gestionada por un sistema patriarcal de protección y complicidad, afirmó, se expresa en miles de casos que no cobran notoriedad pública pero también en aquellos que han sido conocidos y condenados por la población como el de Juana Quispe, la concejala asesinada por denunciar corrupción y no ceder su concejalía a intereses del patriarcado corrupto. A dos años del hecho, subsiste la posibilidad de declarar inocente al acusado y peor aún, éste pretende volver a su cargo.
O el caso de Janeth Vargas, la joven enfermera, que apareció muerta en el Cuartel de Miraflores a causa de golpes en la cabeza. Hasta la fecha ni siquiera se ha podido realizar la reconstrucción del hecho; o la adolescente de 14 años en Achacachi que denunció a su profesor de cometer violación en dos oportunidades. Los jueces ciudadanos de la misma comunidad fallaron a favor del agresor y este fue liberado.
El diputado Justino Leaño, condenado a 23 años por haber violado durante ocho años a su hija. Pese a la gravedad de la acusación se le había otorgado la libertad provisional; enterado de la condena, se dio a la fuga sin que hasta ahora pudiera ser detenido. La condena no solo fue en vano sino que promovió una revictimización permanente de la víctima.
Recientemente una presentadora de televisión fue víctima de una campaña de violencia de género, hipocresía, linchamiento social en la redes sociales producto de un video difundido en la red de internet, según se denunció, por un individuo que uso ese material para chantajearla. «Estas actitudes son el resultado de una sistema patriarcal tolerante con los varones pero sancionador y virulento con las mujeres, cuya base está sustentada por el odio a la mujer», sentenció Sillerico.
Estos casos, insistió, son solo algunos de los que se ven a diario y que esconden miles de hechos similares que desaparecen en el manto de la impunidad y el silencio cómplice. Pero además esconden también los cientos de miles de casos de violencia sicológica, física y sexual que son cometidos en los hogares, las escuelas, el trabajo, las comunidades indígenas y campesinas, la calle y en todos los lugares y espacios sociales.
Provoca estupor, dijo, la saña y el odio que se manifiesta en los hechos de violencia y feminicidio, en los que se evidencia signos de tortura, flagelación, desmembramientos, mutilamientos, apuñalamientos, golpes brutales y heridas múltiples que presentan muchas de las víctimas, lo que no es común cuando se trata de la violencia ejercida contra hombres.
«Tan sólo en 2012, un número de 28 mujeres violadas y asesinadas fueron sepultadas sin posibilidad de reconocerse debido a la condición en que fueron encontradas. Todos estos hechos ubican a Bolivia como el primer país con índices más altos de violencia contra la mujer en toda la región», manifestó la Defensora interina.