La Defensoría del Pueblo condena los hechos de violencia en puntos de bloqueo en la ruta Oruro-Potosí, ante esta situación y ante la posibilidad que éstos continúen y aumenten, pedimos al presidente Evo Morales y a la dirigencia del Movimiento Al Socialismo, a convocar a sus bases y a los movimientos sociales que lo respaldan, a replegarse para evitar mayor confrontación; asimismo, exhorta al movimiento cívico a evitar escenarios de mayor tensión.
Condena también los ataques a viviendas de autoridades del MAS en Oruro y Potosí, la toma de rehenes que estaría provocando renuncias forzadas de autoridades acompañada de persecución política, acciones que se constituyen en delitos y están penadas por ley.
Sobre este aspecto y todo lo acontecido en este periodo de conflicto, se remitirá un informe especial a instancias internacionales de derechos humanos.
Exhorta a los comités cívicos, a la CONADE y al pueblo boliviano a actuar con prudencia y tolerancia, y a los grupos movilizados a no tomar la justicia por mano propia, aquello solo les convierte en lo que señalan como reprochable. Igualmente, repudia los hechos violentos y delincuenciales contra bienes públicos y privados en la ciudad de El Alto, la noche del sábado, por parte de grupos que generaron zozobra en la población.
Pide la renuncia inmediata de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, para que se pueda dar paso a la conformación de otro con personalidades notables y que garantice las nuevas elecciones, y con las conclusiones que vaya a tener la Auditoria de la OEA, y se procese a todas las y los responsables de las irregularidades que se identifiquen.
La Defensoría del Pueblo considera que el camino a la solución del actual conflicto es sujetarse lo que establece la Constitución Política del Estado; sin embargo, ante un ambiente convulso que atraviesa el país y que pone en riesgo la vida de todos bolivianos, sugiere al Primer Mandatario y al Vicepresidente del Estado, puedan optar por la mejor salida para lograr una pacificación.
Finalmente, se insta a las Fuerzas Armadas a limitar su accionar al marco constitucional y el respeto por la vida e integridad de la población, considerando que la comisión de delitos debe ser procesada en el ámbito de la justicia ordinaria.
La Paz, 10 de noviembre de 2019