La decisión de la Fiscalía de Distrito de La Paz, de apartar del caso Chaparina al ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, es motivo de un análisis por la Defensoría del Pueblo y concluido el mismo, su máxima autoridad, Rolando Villena, emitirá una posición institucional al respecto.
«Realizaremos un análisis exhaustivo de la decisión del Ministerio Público y de todo el proceso que derivó en esta decisión y emitiremos una posición definitiva señalando, si fuera preciso, las acciones que se podrían tomar, en el marco de la Ley y de nuestras competencias», afirmó este jueves Villena tras ser consultado por algunos periodistas sobre el tema.
El Defensor, que indicó que existe preocupación por esta decisión, la cual parecería estar motivada por razones que «se apartan del principio de justicia y podría generar uno de los episodios más contradictorios en el proceso de construcción del Estado Plurinacional, al que debemos cimentar sobre la base de, la igualdad y el respeto a los derechos humanos y donde no puede haber cabida para la impunidad ni la protección a los poderosos».
La autoridad manifestó que la Defensoría del Pueblo mantiene la posición expresada en su informe sobre la VIII Marcha por el TIPNIS en el que se concluyó que se encontró indicios de vulneración de derechos de indígenas que participaron en esa movilización en 2011.
«El ex ministro de Gobierno no puede ser excluido de responsabilidad, especialmente si la serie de acciones violentas por parte de efectivos policiales contra los indígenas, se mantuvo durante más de doce horas sin que las autoridades, ni Llorenti, hayan tomado ninguna acción para detenerla», remarcó.
El informe de la Defensoría del Pueblo, que fue presentado en noviembre de 2011, a dos meses de ocurrida la intervención policial en Chaparina, seseñala además, que hubo una serie de «tratos crueles, inhumanos y degradantes» e incluso, según los testimonios recogidos de los marchistas, «actos de tortura».
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia