El Senado Nacional está concluyendo el Proyecto de Ley Código Niña Niño Adolescente. La aprobación e implementación de esta norma tiene una importancia trascendental para la Defensoría, «ya que implica la protección, garantía y cumplimiento de los derechos humanos de más del 44% de toda la población del país, con el agravante que se trata de una población con escasas o ninguna posibilidad de expresar por sí sola sus demandas y por lo tanto, mayoritariamente excluidos del debate sobre los temas que les involucran directamente y que hoy se están considerando».
Desde hace más de dos años, la Defensoría del Pueblo, como institución responsable de velar por la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos de los bolivianos, ha realizado un seguimiento minucioso del anteproyecto de ley y de sus componentes y ha remitido, primero al Ministerio de Justicia y luego a la propia Asamblea Legislativa, sus observaciones y solicitudes para que se incluyan aspectos de derechos que consideramos fundamentales para la protección, defensa y promoción de los derechos.
Ahora, que ha conocido la versión que, según parece, no ha tenido modificaciones importantes y la Institución considera que, pese a los avances y aspectos destacables, «hay muchos elementos en el proyecto de norma que, a nuestro criterio, significan retrocesos o distorsiones a los objetivos de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y corren el riesgo de generar vulneraciones en su aplicación».
Estos aspectos están referidos por ejemplo al trabajo infantil y adolescente, «cuyo tratamiento no parece mostrar una comprensión ni entendimiento suficiente en la Asamblea Legislativa para proponer mecanismos que respeten los derechos».Según la Defensoría, la falta de claridad y acuerdo respecto a la edad, la dependencia laboral, la explotación, los trabajos de alto riesgo y los mecanismos de protección, «muestran que los legisladores y las legisladoras no han encontrado el camino eficiente y adecuado que nos permita como sociedad y como Estado, enfrentar este tema que reviste tanta gravedad y tanta importancia».
Otro aspecto que ha generado una gran preocupación por su gravedad es el referido a la imputabilidad penal que se ha disminuido de 16 a 14 años, «mostrando un retroceso incomprensible y muy grave en relación a los derechos humanos en el mundo y parece provenir de una visión deformada y poco honesta respecto al origen del delito y sesgada respecto a las políticas para enfrentarlos que, en el caso boliviano, parece privilegiar la sanción antes que la prevención».
Además desde la Institución de Ombudsman se considera que también que hay una interpretación «peligrosamente equivocada» en cuanto al derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes de que sus opiniones, posiciones y demandas sean escuchadas y atendidas y a su participación en la vida social, política, cultural y familiar ya que se está definiendo de manera superficial y declarativa este derecho y de modo innecesario e incomprensible se le impone restricciones subjetivas y poco sostenibles.
«Hay elementos también preocupantes en torno a la calificación de infracciones en vez de delitos», expliacan a través de un comunicado: » Cuando se refiere a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, la protección debida a la imagen y la reputación, el concepto de libertad sexual en niñas y niños, entre otros, que a nuestro criterio no han sido suficientemente analizados».
Finalmente, la Defensoría se refiere a la «superficialidad con que se está tratando el tema de la política pública de la niñez y la adolescencia, especialmente en lo referido a la asignación de presupuesto y mecanismos para la aplicación y vigencia de la ley». En la Institución saben porque han trabajado sobradamente en ello «que una Ley que no está acompañada de recursos, se queda como un conjunto de buenos deseos que termina por ser más perjudicial para la ciudadanía».
Por estas razones y porque considera que un instrumento jurídico «de tanta importancia que definirá en muchos casos la vida y el futuro de millones de bolivianas y bolivianos, necesita ser tratado con el mayor cuidado, responsabilidad y transparencia posibles», la Defensoría del Pueblo de Bolivia solicita a las Autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional que no se sancione el Código Niña, Niño y Adolescente sin que se hayan subsanado estos problemas «cuya gravedad es considerable y que debe concitar la preocupación de todas y de todos».
«Consideramos que en aras de proteger el bien más preciado del país que son las niñas, niños y adolescentes, cualquier trabajo, esfuerzo o sacrificio son necesarios», conluye el comunicado
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Bolivia