La Representante Departamental de Chuquisaca, Juana Maturano, presentó el pasado 28 de marzo el Informe Defensorial «Bolivia: situación de los derechos de las mujeres privadas de libertad».
La Representante Departamental de Chuquisaca, Juana Maturano, el pasado 28 de marzo presentó el informe defensorial «Bolivia: situación de los derechos de las mujeres privadas de libertad» a las internas del penal de San Roque de Sucre. En el documento se recomienda a las autoridades estatales promover e implementar una política penitenciaria integral que garantice a la mujer privada de libertad el ejercicio de sus derechos fundamentales.
La investigación realizada por la Defensoría del Pueblo, cuyos resultados fueron presentados días atrás por su máxima autoridad, Rolando Villena, en la ciudad de La Paz, revela que éstas sufren altos grados de violencia y discriminación en todos los recintos penitenciarios del país, empezando por las infraestructuras que fueron pensadas y construidas solo para varones.
El objetivo del trabajo fue establecer la vulneración de los derechos humanos por la ausencia de un enfoque de género en la gestión penitenciaria e identificar las principales barreras que impiden o limitan el ejercicio de aquellos
Según los datos recogidos en 10 cárceles de las ciudades capitales del país, las privadas de libertad en cuanto a derechos a la salud, educación, trabajo, alimentación y otros, demandan importantes mejoras y ajustes para un verdadero goce y disfrute de sus derechos que supera las necesidades expresadas en sus diferentes formas.
En lo que se refiere al penal de Sucre, éste al ser un establecimiento mixto, no cuenta con un espacio físico equitativo para las mujeres, a diferencia de los varones que cuentan con pabellones que tienen sus correspondientes servicios higiénicos, acceso irrestricto a los patios y las oficinas de servicios penitenciarios.
En el caso de las mujeres, bajo el argumento de dotarles de seguridad ante un eventual acoso sexual de parte de sus compañeros, éstas se encuentran en un pequeño pabellón que tiene habitaciones entendidas como celdas y pasillos para su acceso. Este establecimiento se adecuó para albergar a 10 mujeres, sin embargo la población se triplicó. A febrero de 2012, existían 34 mujeres, mostrando, una vez más, que uno de los mayores problemas que enfrenta los recintos penitenciario es el hacinamiento. El material de los pisos es de cemento, las paredes y techo son revocados con estuco, las celdas no tienen ventanas y tienen limitado el acceso al agua.
Maturano manifestó que el informe defensorial afirma que es necesario coadyuvar en la implementación de políticas penitenciarias asegurando la incorporación de un enfoque integral y de género que permita que se respeten los derechos humanos de las privadas de libertad.
La delegada de las internas del penal de San Roque, Miriam Velarde, manifestó que las internas trabajan para mantener a sus hijos, estudian y se capacitan a pesar de las limitaciones que enfrentan, gestionan la solución a múltiples problemas en el sistema penitenciario; reciben la educación alternativa y solicitan carreras técnicas cortas para su profesionalización, otras, inclusive, se animan a seguir la carrera de abogacía.
El documento incluye recomendaciones defensoriales dirigidas a diferentes reparticiones del Estado como el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia para que coadyuve en la formulación de la política penitenciaria asegurando la incorporación de un enfoque integral y despatriarcalizador para la eliminación progresiva de la violencia contra las mujeres privadas de libertad.
Otra recomendación está dirigida al Director General de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno y a sus directores departamentales, para implementar de manera inmediata y urgente, medidas para erradicar el acoso y violencia al interior de los penales en contra de mujeres privadas de libertad, sea violencia horizontal o vertical; promover la eliminación de toda forma de racismo y discriminación.
En cuanto al acceso a la justicia, se recomienda al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General del Estado, al Comandante General de la Policía Boliviana, al Director o Directora General de Régimen Penitenciario, al Viceministro o Viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, que de manera coordinada y según sus competencias, promuevan una estrategia para prevenir, disminuir y evitar la retardación de justicia y el hacinamiento en los centros penitenciarios; elaborar y ejecutar un módulo de capacitación para policías, fiscales, jueces, sobre violencia contra las mujeres y derechos humanos que incluya componentes de sensibilización, conocimiento y manejo de las normas nacionales e instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos la población penitenciaria femenina.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Bolivia