En el objetivo de construir una política educativa inclusiva y preventiva de la discriminación, la Defensoría del Pueblo llevó adelante un estudio sobre la inclusión a estudiantes con discapacidad que evidenció la necesidad de que aquellos que asisten a centros de formación del Sistema de Educación Regular, ejerzan plenamente su derecho a una educación inclusiva para revertir situaciones de discriminación por parte de docentes que no están capacitados en la temática ni cuentan con material de apoyo y didáctico para el proceso de inclusión, dejando en evidencia que se debe reforzar la implementación de la Ley 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez en esta área.
Esta realidad está reflejada en el estudio “Una mirada a la situación de la Inclusión de estudiantes con discapacidad en Unidades Educativas del Sistema de Educación Regular”, que la Defensoría del Pueblo realizó meses atrás con el apoyo de la Asociación de Padres, Madres y Familiares de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad “Jach’a Uru”, en 18 unidades educativas del macrodistrito de Santa Antonio y Cotahuma en la ciudad de La Paz, los distritos 5 y 6 de El Alto y las poblaciones rurales de Achacachi y Huarina.
El objetivo de este trabajo fue analizar el proceso de inclusión educativa de estudiantes con discapacidad para identificar fortalezas y debilidades; si se aplican prácticas educativas inclusivas e indicadores que sirvan para orientar cambios en la formación escolar. También tuvo como fin el conocer el nivel de formación de directores, docentes y las necesidades de las familias del alumnado con discapacidad.
El presidente de la Asociación, Ernesto Condori, durante la presentación del estudio, este miércoles en la Defensoría del Pueblo, manifestó que las niñas, niños y adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad son víctimas de discriminación y son rechazados por su condición al intentar ser parte del sistema de educación regular.
El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, a su turno, manifestó que este estudio es el reflejo del esfuerzo conjunto que permitirá transformar realidades y buscar el cumplimiento de políticas públicas a favor de sectores en situación de vulnerabilidad como son la niñez y la adolescencia con discapacidad. Para ello, remarcó es importante que la información llegue a sectores alejados que desconocen de normas y disposiciones que favorece a esta población.
El Adjunto Primero de la institución defensorial, Juan Carlos Ballivián, asimismo, destacó la importancia de los resultados de esta investigación que permiten reflejar la realidad que a diario enfrenta este sector que se encuentra en situación de doble vulnerabilidad por ser niñas, niños o adolescentes y enfrentar barreras física y sociales por su condición de discapacidad.
Resultados y recomendaciones
El estudio se basó en entrevistas a 18 directores y directoras; 86 docentes, 45 padres/madres o algún familiar y 28 niñas y niños con discapacidad y observaciones directas de aulas, lo que permitió identificar que el 95% de directores y docentes de las unidades educativas no fueron capacitados ni tienen formación sobre el tema discapacidad e inclusión, el 99% de los centros escolares no cuentan con materiales de apoyo para el trabajo con niñas y niños con discapacidad.
En la observación en aula, se identificó que no existen textos en las paredes que contribuyan al aprendizaje inclusivo, los materiales utilizados en su mayoría, son adaptaciones curriculares, la disposición de los pupitres no solo dificulta el desplazamiento de estudiantes con discapacidad motora, sino que impide que éstos puedan compartir y realizar actividades conjuntas, quedando aislados.
En cuanto al núcleo familiar, se evidenció que el 90% desconoce el término de educación inclusiva y la mayoría la asocia a la integración, el mismo porcentaje afirma que enfrentó dificultades para inscribir a sus hijas e hijos en un centro de educación regular.
Las 17 recomendaciones que emergen de este estudio señalan la necesidad de hacer cambios en el Sistema Educativo Regular que pasan por trabajar en políticas educativas e intersectoriales que promuevan la Inclusión en todos los niveles educativos; capacitación y formación permanente a directores y docentes en el tema inclusión y discapacidad; eliminación de barreras arquitectónicas; elaborar criterios y procedimientos flexibles de evaluación y de promoción de los estudiantes para fomentar prácticas inclusivas y promover la participación de la comunidad en favor del alumnado con discapacidad.
El Defensor comprometió impulsar de forma conjunta con el Ministerio de Educación, los avances en materia de educación inclusiva que se ha dado desde esa cartera de Estado como son los Lineamientos Curriculares y Metodológicos de Educación Inclusiva del Ámbito de Educación Especial; los Instrumentos para la detección y evaluación de las dificultades en el aprendizaje Atención y Memoria, en Razonamiento lógico-matemático y en Lecto-escritura; las Guías educativas para familias y comunidades de personas con discapacidad intelectual, de personas sordas, de estudiantes ciegos o con baja visión y sobre dificultades en el aprendizaje en Educación Primaria Comunitaria Vocacional; y los Currículos Específicos para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, sordos, ciegos o con baja visión.
FUENTE: Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia
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