Una vez más la sociedad boliviana se encuentra consternada por el asesinato, en diferentes circunstancias, de cinco presuntos delincuentes a manos de grupos de pobladores, que alegan en su favor la aplicación de la justicia comunitaria.
Aunque este tipo de hechos se constituye en sí mismo en un crimen sin atenuantes, cobran mayor gravedad por la saña y la crueldad con que se ejecutaron, superando a la alevosía que incluso muestran los delincuentes más avezados.
La Defensoría del Pueblo, como institución responsable de velar por la vigencia, promoción y defensa de los derechos humanos, condena y rechaza este tipo de acciones que vulneran el derecho a la vida, el justo proceso, la presunción de inocencia, entre otros, y que no pueden ni deben considerarse como formas de justicia comunitaria ya que ésta no se basa en la crueldad, el asesinato, ni la venganza.
Sin embargo, es también necesario comprender, de una vez por todas, que el extremo que lleva a hombres y mujeres, que practican una cultura de paz y de tolerancia, a convertirse en victimarios desprovistos de piedad, no es otra cosa que la profunda crisis del sistema judicial y el estado de indefensión total en que se encuentran los ciudadanos y ciudadanas frente al aumento del delito y la inseguridad ciudadana.
Este extremo se evidencia aún más si consideramos que desde la tortura y el asesinato del alcalde de Ayo Ayo hace 9 años, y con decenas de casos ocurridos desde entonces, ni una sola persona ha sido procesada y condenada después de cometer estos delitos. Pareciera que terminada la perplejidad social, el Estado y todos nosotros, asumimos una especie de silencio y olvido cómplice que sólo reacciona cuando ocurre el siguiente caso.
Exigimos que en este caso se investigue, procese y castigue a quienes resulten los autores materiales, instigadores y cómplices de los linchamientos, pero también exigimos al gobierno y a las instituciones del Estado a responder al país cómo es posible que los linchamientos sigan ocurriendo en sitios donde ya se habían producidos hechos similares y por qué no se ha podido hacer justicia con las víctimas, muchas de las cuales resultaron ser inocentes.
Debemos terminar con la actitud pasiva y permisiva frente a la incapacidad de las instituciones de seguridad Estado, la visión distorsionada de la justicia de parte de algunas comunidades y sobre todo la pérdida de toda capacidad, eficiencia y responsabilidad del sistema judicial boliviano.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia