El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó nuevamente su alarma ante la recurrencia de acciones de violencia y amedrentamiento que han sufrido algunos periodistas en el ejercicio de su trabajo y afirmó que ha instruido un seguimiento a los casos para conocer las acciones que realizan las instituciones del Estado responsables de la investigación, sanción y prevención de estos hechos.
“Es importante que recordemos siempre que la libertad de expresión y la libertad de prensa son derechos fundamentales para sostener y garantizar la democracia y el Estado de derecho, y un gobierno o una sociedad que no las respeta o permite su conculcación, están atentando contra los principios esenciales de derechos humanos”, señaló tras recordar que aquellos principios se encuentran consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la misma Constitución Política del Estado.
El Defensor hizo referencia a los dos últimos hechos agresiones a periodistas. Uno de ellos, el caso de la conductora de un programa televisivo en Yacuiba, Nataly Heredia Vedia, quien recibió amenazas en contra de vida e integridad luego de una entrevista que realizó a un ex dirigente cívico en un programa radial. Al respecto, el Defensor pidió que se investigue el caso y se otorgue las garantías necesarias a la profesional.
También mencionó el caso de Juan Carlos Paco, periodista de Radio Líder de Potosí, quien fue detenido durante la movilización que protagonizaron un grupo de mineros el pasado miércoles en el centro paceño. “Conocido este hecho, que nos preocupa particularmente, instruí un seguimiento minucioso al proceso. Tenemos la denuncia de este periodista respecto de la violencia con que fue detenido y trasladado a las celdas policiales, pese a haberse identificado como periodista y haber mostrado su credencial”, indicó el Defensor, quien informó que se seguirá este proceso para verificar que se respeten los derechos del comunicador.
La autoridad también reclamó la impunidad que afecta a otros casos como el del periodista tarijeño, Christian Mariscal, quien desapareció en enero de 2014 y hasta ahora no se ha esclarecido el hecho, lo que parece atribuible a una falta de voluntad política de las autoridades competentes ya que “hemos evidenciado que cuando hay casos de interés político, la policía puede aclarar situaciones más complejas”, afirmó.
Villena, asimismo, cuestionó la acción de la justicia en el caso del periodista de El Diario, Carlos Quisberth, quien fue detenido y encarcelado acusado de obstruir la justicia, cuyo proceso en su contra, extrañamente, continúa abierto no obstante que fue liberado por una acción de libertad declarando que no existían indicios de responsabilidad en su contra. “Tenemos conocimiento de otros hechos como las agresiones contra periodistas de red UNO y PAT en Oruro o el Director de un periódico mensual paceño, que fue atacado por un abogado con graves acusaciones de corrupción quien fue objeto de una investigación por este medio”, indicó.
Finalmente, señaló que debido a la recurrencia de estos hechos que, según reportes de la Asociación Nacional de la Prensa, sumaban 23 casos de agresiones en el 2014, instruyó que se tome contacto con las instituciones y organizaciones que aglutinan a los trabajadores de la prensa para realizar un análisis conjunto de la situación
FUENTE: La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia