El Defensor del Pueblo Rolando Villena planteó hoy la necesidad de realizar un acuerdo nacional entre las instituciones del Estado, los movimientos sociales y los pueblos y naciones indígena originario campesinas «para fortalecer y avanzar en el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos, especialmente aquellos cuya vulneración está afectado de manera más grave y recurrente a la población».
La propuesta está contenida en el mensaje institucional de principios de año, que además identifica a la violencia, la salud, el trabajo, la justicia y la discriminación como las áreas en las que se debe trabajar con más prioridad, y a la niñez, las mujeres y los pueblos indígenas, como las poblaciones más vulneradas en sus derechos.
La autoridad señaló que el año 2015 puede convertirse en el punto de inflexión que permita replantear las relaciones entre la sociedad y los Órganos del Estado, a partir de la conformación de una nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, integrada en más del 90% por nuevas y nuevos representantes de casi todos los sectores de la ciudadanía y con igualdad completa de género; además de la renovación total de las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, lo que a su criterio «constituye una gran oportunidad para recuperar la calidad de la democracia, que está siendo afectada en aspectos centrales como la desinstitucionalización del Estado y la despolitización de la sociedad».
El mensaje de Villena señala que los desafíos del país pasan por una verdadera decisión de retomar los principios de la descolonización, la despatriarcalización, la interculturalidad, la autonomía y la preeminencia de los derechos humanos, como ejes conductores y líneas de orientación en todos los ámbitos. «Es urgente que recuperemos el verdadero sentido del «Vivir Bien» que va más allá de las construcciones, las carreteras, el lujo, la modernidad y la riqueza de unos pocos y debe entenderse como la necesidad de construir una sociedad más inclusiva, donde todas y todos ejerzamos nuestros derechos humanos en igualdad, con libertad, democracia, justicia, paz y solidaridad», afirma.
El Defensor demandó asumir con mayor decisión y voluntad, una política efectiva para enfrentar la violencia en la sociedad a la que considera como estructural, transversal y creciente. «No debemos seguir aplicando medidas coyunturales, únicamente desde el campo de la legislación, a un fenómeno que tiene causas profundas y multidimensionales», dijo.
En relación a la niñez, indicó que «Los alarmantes niveles de indefensión provocados por la debilidad del Estado y la complicidad social, nos deben conducir a reaccionar de manera conjunta y efectiva para garantizar que la violencia, la pobreza, el abandono y la explotación, sean disminuidos y erradicados como condición esencial para avanzar en el cumplimiento verdadero de los derechos humanos en Bolivia».
Por otra parte, menciona que «La visión desarrollista – extractivista de la economía y la acción política de división, nos ha llevado a un peligroso retroceso y negación del principio constitucional de la libre autodeterminación y el derecho que tienen los pueblos indígenas a ejercer desde la diversidad, su propios mecanismos de organización, elección de autoridades, administración y gestión de la justicia, en el marco de la Constitución».
La autoridad identifica como grave la situación del derecho a la salud, la justicia y los derechos laborales. Sobre éste afirma que «No podemos seguir creyendo que los derechos laborales pasan únicamente por el porcentaje de desocupación, ignorando que, detrás de éste se encuentra un índice escandaloso y alarmante de precariedad que, afecta el ejercicio de derechos como la estabilidad, las disparidades en el ingreso, el acoso laboral, la seguridad y sobre todo, una tendencia sostenida a la discriminación».
En relación a la salud el Defensor propuso «cumplir el compromiso de realizar la Cumbre de Salud, como un espacio de análisis y deliberación que, desde la participación de todos los sectores, nos permita enfrentar las raíces del problema y encarar juntos una solución». En relación a la justicia señala que «Mantener un sistema con las mismas deficiencias en términos de precariedad, corrupción, retardación, injerencia política y discriminación, va a conducir inevitablemente a socavar los principios de los derechos humanos a la igualdad, la justicia y el debido proceso».
Finalmente considera que es sustancial que reorientemos la lucha contra la discriminación que, aún subsiste en nuestra sociedad y asumirla como una verdadera política de Estado, que se aplique a todos los niveles, sin preferencias ni excepciones y que tenga incidencia real en la educación, la función pública y las instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía».
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia