El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, tras un análisis a las acciones realizadas que se acordó en el marco de un acuerdo interinstitucional en agosto de 2013, para enfrentar la crisis en el sistema penitenciario y evidenciar que los resultados no son alentadores, propuso iniciar un debate para hallar respuestas, principalmente en los que se refiere a la retardación de justicia y el debido proceso; salud, educación y rehabilitación; derechos humanos de las poblaciones vulnerables al interior de recintos penitenciarios; y situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen junto a sus progenitores en penales.
Villena indicó que la cumbre nacional sobre Régimen Penitenciario, que se ha programado para septiembre próximo, es el escenario donde se deben discutir estos y otros temas relacionados a la situación de las y los privados de libertad para buscar soluciones reales y efectivas que permitan revertir la actual preocupante situación que afecta a los penales del país.
En agosto del año pasado, en la reunión nacional sobre Política Penitenciaria que se realizó en Santa Cruz luego del conflicto que se vivió en el penal de Palmasola donde murieron una treintena de privados de libertad y que reunió a alrededor de 20 instituciones del Estado y la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo presentó una propuesta de políticas que planteaba trabajar en cuatro áreas principales: retardación de justicia; seguridad y control; derechos sociales; y situación de niñas y niños en los recintos penitenciarios.
«La mayoría de estas líneas de acción fueron asumidas por la Dirección General de Régimen Penitenciario e implementadas, en reuniones departamentales donde se abordaron los temas señalados en mesas de trabajo, en las cuales participaron las representaciones departamentales de la institución defensorial; no obstante los avances en este trabajo no son suficientes», indicó.
De acuerdo al análisis realizado por la Defensoría del Pueblo, en lo referido a la retardación de justicia y el debido proceso, ésta persiste producto de que no hubo un aumento significativo de defensores públicos, se mantiene la carga procesal en los tribunales y no se implementó un mecanismo de control y sanciones para jueces y fiscales que no cumplen con su trabajo en el tiempo que establece el reglamento.
«Se hicieron algunas innovaciones experimentales como los procesos a través internet, sin embargo creemos que estas medidas no tienen sostenibilidad; asimismo, valoramos que en la aplicación de la Ley de Indulto se hubiera realizado un proceso más detallado que ha permitido el indulto a más de 800 privados de libertad y el compromiso de las autoridades para realizar una nueva evaluación que signifique aumentar el número de personas que se benefician con esta medida», destacó Villena.
En cuanto a salud, educación y rehabilitación, la situación tampoco ha cambiado, pues preocupa la reciente crisis generada por el rebrote de la meningitis que afectó en 2013 al penal de San Pedro, lo que muestra que no se asumieron con la debida responsabilidad las medidas que se acordaron en las mesas de trabajo que se conformaron en ese entonces.
«Informes oficiales señalan que no se cumplió ni con el 20% de las mismas, como se pudo comprobar en la visita que hicimos a ese recinto donde se nos informó sobre el aumento de las enfermedades infecciosas y que los cerca de dos mil internos tienen un solo consultorio y un médico asignado por el Servicio Departamental de Salud. Esta situación también muestra indicadores preocupantes en otros recintos penitenciarios como Palmasola», manifestó.
Por el contrario, dijo, en cuanto al ámbito educativo, se valora que el Ministerio de Educación esté implementando planes de educación alternativa que permitan mejorar la capacitación de los y las privadas de libertad. Entendemos que ese programa deberá mostrar sus primeros resultados al final de la presente gestión. En los temas de reinserción, acotó, se está avanzando lentamente con ciertas iniciativas que buscan mejorar la capacidad de la mano de obra y créditos, sin embargo la falta de mercados y capacidades instaladas no aseguran que se tenga sostenibilidad en esas acciones.
Respecto de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables, preocupa la situación de las mujeres privadas de libertad que, además de sufrir los problemas de retardación de justicia, padecen vulneraciones adicionales como la inexistencia de recintos especiales en la mayoría de las cárceles, acoso, violencia, falta de acceso a un sistema de salud especializado, etc. Similares problemas aquejan a poblaciones como los adultos mayores, personas con discapacidad, personas de origen indígena, jóvenes y personas en situación económica desfavorable.
En el caso de las niñas, niños y adolescentes que conviven con sus progenitores, la institución plantea la necesidad de reducir los riesgos y regularizar la situación de ellas y ellos en los recintos penales; evaluar los espacios disponibles y apoyo profesional en los hogares de acogida públicos y privados.
«En este sentido las representaciones de La Paz y Santa Cruz han tenido resultados significativos, por lo que valoramos también el apoyo que se ha recibido de la población carcelaria y su concejo de delegado; sin embargo, no se ha encontrado respuestas de parte de las autoridades y prueba de ello es que en las mesas de diálogo que se implementan a lo ancho y largo del país no se ha incorporado este aspecto», reclamó el Defensor.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia