BOLIVIA: El Defensor del Pueblo promueve el diálogo entre los Urus y el Gobierno

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, envió una nota al viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, solicitándole que se conforme una comisión gubernamental para viabilizar un diálogo con los originarios del Pueblo Urus que iniciaron una marcha demandando una ley para proteger su territorio.

El representante especial de El Alto, José Luis Hidalgo, por instrucción de Villena, fue al encuentro de los marchistas que iniciaron su caminata hace ocho días para conocer su situación y la salud, principalmente, de niños, mujeres y adultos mayores.

Los dirigentes de los originarios pidieron a Hidalgo que la Defensoría del Pueblo viabilice un diálogo con el Gobierno y que posibilite que autoridades del Ejecutivo vayan a su encuentro para reunirse con ellos en el lugar de la marcha y atender sus demandas.

El Representante Defensorial dio encuentro a los Urus en el sector de El Tholar donde verificó que existen alrededor de 130 marchistas, la mayoría de ellos varones, además de 10 niños pequeños y tres lactantes que enfrentan problemas respiratorios por los resfríos.

Hidalgo, que prestó ayuda humanitaria informó al Defensor que los originarios requieren de medicamentos y alimentos y que se gestiona que la Cruz Roja los asista.

El Defensor del Pueblo aseguró que la institución hará seguimiento a esta movilización en el marco de su mandato constitucional que señala que es su deber velar y proteger los derechos de las naciones y pueblos indígena, originario campesinos (NyPIOC). Justamente, acotó, personal de la unidad que maneja este tema, viajó hasta Ayo Ayo para hacer conocer de las gestiones que la institución realiza para promover una reunión con el Gobierno.

Los marchistas, que partieron desde su comunidad ubicada alrededor del lago Poopo, intentan entregar al Gobierno un anteproyecto de Ley que otorgue seguridad a su territorio pues, según denuncian, son víctimas de avasallamientos por sus vecinos aymaras.

 

FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Bolivia