El Defensor del Pueblo Rolando Villena señaló que en 2016, el mayor desafío para los derechos humanos en Bolivia es el cumplimiento y respeto de los derechos políticos y civiles, referidos a la construcción de una institucionalidad democrática basada en el respeto a la Constitución y las leyes; la garantía del acceso universal a una justicia justa, oportuna, igualitaria y eficiente; la erradicación de la violencia contra las mujeres y la priorización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En un comunicado público, la autoridad afirmó que “las decisiones políticas que se asuman en la gestión 2016 en el ámbito de los derechos humanos, resultarán fundamentales para garantizar su respeto y vigencia o para profundizar su incumplimiento y vulneración, no sólo en la gestión presente sino en la próxima década”.
Al respecto, en la gestión 2016 debería llevarse a cabo la Cumbre de Justicia, implementarse la Política Plurinacional de Derechos Humanos, presentarse el Informe del Estado sobre la Convención de los Derechos del Niño y, el Tribunal Constitucional debería pronunciarse respecto a la acción de inconstitucionalidad contra Decretos que afectan a los territorios indígenas y el derecho a la consulta previa.
El Defensor considera que existe un debilitamiento de las instituciones, “debido al desmedido afán de control de parte del Órgano Ejecutivo y a un sistemático crecimiento de la corrupción que ha permeado a una parte de la institucionalidad de manera incontrolable”. Además, afirma que las dirigencias de las organizaciones sociales han abandonado toda forma de lucha por los derechos de los sectores a los que representan, tornándose contradictoriamente en brazos operativos del partido que ejerce el poder”.
La vigencia de la Defensoría del Pueblo
De acuerdo al comunicado, en este año será fundamental “la decisión que tome el gobierno respecto a la vigencia institucional de la Defensoría del Pueblo, lo que deberá reflejarse en la elección del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo y la aprobación de la nueva Ley de la entidad, ya que la gestión actual finaliza su mandato en mayo de 2016”.
Al respecto, Villena considera que la Defensoría del Pueblo debe sostener por encima de todo, una clara independencia y autonomía de gestión respecto al poder político del gobierno o de cualquier otro tipo de instancia, grupo o interés. “Esta independencia debe corresponder a la elección de una autoridad que, además de no tener dependencia, ni responder a quienes detentan el poder, debe tener una trayectoria reconocida de defensa y promoción de los derechos humanos”, afirmó.
Derechos económicos y sociales
En relación a los derechos económicos, sociales y culturales, el comunicado institucional señala que en Bolivia la salud continúa siendo un privilegio de pocos, el empleo es altamente precario y, aunque la distribución de bonos ha mejorado las condiciones de vida de la población extremadamente pobre, no constituye todavía un mecanismo sostenible para enfrentar las causas de la pobreza.
“El crecimiento económico no beneficia por igual a todos los sectores, fortaleciéndose un modelo concentrador de la riqueza en grupos altamente beneficiados como el sistema financiero, los importadores y las grandes corporaciones relacionadas a la agroindustria y la minería, mientras que en los sectores más empobrecidos y la propia clase media, se vive un crecimiento inestable y poco sostenible”, señala el comunicado.
Modelo económico y pueblos indígenas
Sobre el modelo económico social, la autoridad señala que se ha impuesto un “desarrollismo a ultranza que reproduce y fortalece el colonialismo capitalista”, lo que genera “la sistemática afectación de los derechos de los pueblos indígenas a los que, además de haberse vulnerado directamente con la decisión de eliminar la cualidad de áreas protegidas de sus territorios, y de distorsionar todos los principios de la consulta previa, libre e informada, están siendo objeto de un sistemático mecanismo de descrédito y estigmatización, cooptación de sus organizaciones naturales e implementación de estrategias prebendales que, en lugar de aportar al desarrollo bajo sus propias visiones, puede acelerar la desaparición de los pueblos y naciones indígenas altamente vulnerables”
El Defensor afirma que muchas de las evaluaciones internacionales que se han hecho al cumplimiento de los derechos humanos en Bolivia, han expresado la preocupación de la comunidad internacional, frente a temas como la violencia hacia las mujeres y la niñez, el trabajo infantil permitido desde los 10 años, el incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la grave situación de la justicia, el incremento de la trata y tráfico, entre otros. Lamentablemente estos informes, ”se empañan frente a la gigantesca propaganda oficial que, busca difundir la idea de un país ideal donde todos los derechos se respetan y se cumplen”, afirma el comunicado.
FUENTE: La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia