El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, advirtió hoy que la libertad de prensa y los derechos de las y los periodistas a no ser objeto de persecución, presiones o intimidaciones en el ejercicio de sus funciones, se encuentran protegidos por la Ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Bolivia.
«La censura al ejercicio periodístico no sólo se evidencia en acciones de hecho, sino con otras medidas como las amenazas de juicios o la persecución judicial o policial, conductas que están prohibidas por acuerdos y declaraciones internacionales, pero sobre todo, atentan contra el Estado de derecho y la propia democracia», señaló la autoridad.
Villena expresó así su preocupación por una serie de hechos sucedidos recientemente como los referidos al periodista Carlos Quisbert y recientemente contra la periodista Amalia Pando; «el primero víctima de los fiscales que continúan ejerciendo acciones de intimidación y en el segundo, amenazando con procesos judiciales que no corresponden y que parecieran buscar solamente sancionar las investigaciones y la difusión de información de naturaleza periodística», indicó.
La autoridad se refirió a la «Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión», emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año 2000 y que señala que «las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión».
Asimismo, señaló que es preocupante que se recurra a interpretaciones sesgadas e interesadas de algunas normas vigentes para afectar el derecho superior de los y las periodistas a investigar y difundir información y de la ciudadanía a ser informada.
«También preocupa que se haga distinciones discriminatorias en la aplicación de algunas normas como la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación y su Decreto Reglamentario como los ocurridos en el caso del Ministro Calvimontes contra el Magistrado Cusi, las acciones y declaraciones del alcalde Percy Fernandez y del candidato a alcalde de Yacuiba Carlos Bru contra las mujeres, del ex Senador Ávalos contra la población migrante colombiana que, pese a haber sido publicadas en medios de comunicación no fueron ni investigadas ni sancionadas, mientras que en este caso se pretende un juicio por la vía ordinaria contra una periodista en el ejercicio de su trabajo», remarcó.
Finalmente, reiteró su exigencia a que si alguna autoridad entiende que un periodista ha cometido faltas en su trabajo de prensa, debe sustanciar cualquier proceso en el ámbito que corresponde, es decir en lo prescrito por la Ley de Imprenta que se encuentra vigente. «Es importante señalar que los derechos de la prensa, al estar protegidos por instrumentos internacionales y normas nacionales pueden ser demandadas en estas instancias», indicó.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia