El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, advirtió este domingo que la violencia y la miseria parecen haberse incrementado en las cárceles del país, donde nada ha cambiado en los últimos años, pese a que es evidente la crisis terminal en todos los recintos penitenciarios y la vulneración recurrente y sostenida de los derechos humanos que sufren la mayoría de las personas que se encuentran allí.
«En los últimos cuatro meses han muerto siete personas en las cárceles de Bolivia y otras cuatro han resultado heridas, además se han denunciado maltratos, golpizas y vejámenes, se siguen poniendo trabas incomprensibles y absurdas a la aplicación de la Ley del Indulto y la cantidad de niñas y niños en las cárceles se incrementa» reclamó el Defensor luego de recibir el informe sobre los últimos casos investigados en ese tema.
En los informes sobre el estado de los derechos humanos de los tres últimos años, la Defensoría del Pueblo ha denunciado que las cárceles son espacios donde la vulneración de derechos es «recurrente, sostenida, permitida y promovida por un sistema ineficiente y poco transparente del que forman parte fiscales, jueces, policías, abogados, privados de libertad con privilegios y una Dirección de Régimen Penitenciario que carece de la capacidad, la voluntad política y los medios para enfrentar la debacle».
Villena se refirió a los casos de dos muertes ocurridas en la cárcel de Cobija y cinco en la cárcel de San Pedro de La Paz. De éstas, tres muertes se debieron a falta de auxilio médico, además se reportó el asesinato de una mujer a manos de su esposo en el mismo recinto penal paceño y cuatro heridos graves en circunstancias no esclarecidas. Estos hechos ocurrieron entre noviembre de 2014 y febrero de 2015.
Por otra parte, expresó preocupación por denuncias de abusos y golpizas ocurridas en la cárcel de Potosí y la incompresible reticencia de las autoridades judiciales a conceder el indulto a cuatro privados de libertad en Tarija pese a haber cumplido los requisitos que establece la Ley. «Estos hechos, sumados a que, pese al esfuerzo del sistema judicial, el 82% de presos siguen siendo preventivos, el hacinamiento sigue creciendo y beneficios elementales como el prediario continúa siendo menos que insuficiente, muestran que la situación no solo se mantiene sino que continúa agravándose ante la inacción culpable de las autoridades», reclamó la autoridad.
Asimismo, expresó su preocupación por el reporte de la Representación de Santa Cruz que señala que la cantidad de niñas, niños y adolescentes que viven en la cárcel de Palmasola nuevamente se ha incrementado a casi 300 debido al retorno de los y las menores que el año pasado fueron remitidos a familias ampliadas y hogares de acogida. «Ese es un tema prioritario que vamos a analizar con mucho interés ya que afecta a un grupo que se encuentra en alto grado de vulnerabilidad en esos espacios y aparentemente las instituciones que debían hacer cumplir los acuerdos han desatendido el tema», indicó.
«Uno de los graves problemas que tenemos en este ámbito es la naturalización y hasta la justificación de la violencia, la muerte y la miseria en las cárceles como parte de una visión punitiva y no restaurativa de la privación de la libertad, sin considerar que el único derecho que pierden quienes sufren condenas de presidio es la libertad, y que en esos recintos hay más de 9.000 personas sin condena, más de 1.500 niñas, niños y adolescentes en alto nivel de riesgo y vulnerabilidad y 15.000 personas viviendo en espacios construidos para albergar a 5.000, con un presupuesto de apenas seis bolivianos diarios por persona para alimentarse, cubrirse y curarse, lo que no solamente es insuficiente sino ofensivo», afirmó el Defensor.
Finalmente, anunció que buscará una reunión con el Ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, para tratar una serie de temas que preocupan a la Defensoría del Pueblo, entre ellas la situación de las personas privadas de libertad.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia