El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó este miércoles que durante esta gestión se evidenciaron progresos importantes en el ejercicio del voto y la participación de mujeres y sectores sociales en el Estado, aunque advirtió que «se están generando condiciones que afectan la calidad de esta participación y por lo tanto de la misma democracia, lo que se refleja en la intolerancia a la opinión crítica, el debilitamiento de la independencia de las instituciones del Estado y la división y cooptación de los movimientos sociales y pueblos indígenas».
Esta es una de las conclusiones del Informe «Estado del Ejercicio de los Derechos Humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia Gestión 2014», presentado por el Defensor al conmemorar el 66 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quien dijo que éste no es un día para celebrar ni para repetir de memoria la lista de derechos que reconoce la Declaración Universal, sino un día para demandar, reclamar y exigir que los derechos dejen de ser enunciados abstractos, ideales etéreos y leyes que no se cumplen y se tornen en realidades comprensibles, exigibles y practicables.
«Creemos que uno de los problemas más graves para los derechos humanos en Bolivia, continúa siendo la violencia estructural, transversal y creciente que está golpeando cada vez con más dureza a las niñas, las mujeres, los niños y adolescentes, pero que también se evidencia contra todas las poblaciones vulnerables y en prácticamente todos los espacios de su vida.
Más allá de las cifras, acotó, provoca mucho dolor los niveles de crueldad, saña y perversidad con que se cometen los crímenes atroces contra las niñas, niños y mujeres, lo que hace pensar que como sociedad estamos perdiendo el sentido básico y sustancial de la humanidad y la vida. «Y en esto quiero ser claro: no se trata únicamente de una responsabilidad del Estado. Este es un problema que lo heredamos todos y todas, pero que lo reproducimos, lo permitimos y lo sustentamos como individuos, como sociedad y como gobernantes», enfatizó.
En cuanto a la afectación de los derechos de la infancia, la niñez y la adolescencia, según el informe defensorial, se han vulnerado los derechos a la vida, la integridad, la igualdad, la protección, la justicia, la participación y al cumplimiento del precepto constitucional sobre su interés superior, lo que se expresa en el incremento de los casos de infanticidios y violencia en todas sus formas; la disminución de la edad de imputabilidad penal; la legalización de la explotación infantil; la inexistencia de políticas de Estado para la protección, cuidado y prevención; la falta de recursos y la debilidad de las instituciones responsables de garantizar sus derechos», manifestó.
De acuerdo a una revisión de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, publicados en los medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo identificó al menos 250 casos de violencia sexual en 11 meses, 76 de violencia física y alrededor de 50 infanticidios.
A esto se añade, el feminicidio, la violencia y la discriminación contra las mujeres, producto del sistema patriarcal, que continúan ejerciéndose en todos los espacios de la sociedad ante la ausencia de políticas públicas efectivas y la inacción de las instituciones del Estado para efectivizar el incumplimiento de la Ley 348 y su Reglamento. Durante once meses de revisión de identificó al menos 100 casos de asesinatos de mujeres y adolescentes.
La situación de los derechos de las y los jóvenes, asimismo, se está volviendo particularmente grave, especialmente en ámbitos de sus derechos laborales, educativos, sexuales y reproductivos y políticos y se expresa en discriminación, desigualdad y violencia.
FFAA, Policía, linchamientos y justicia
En el ámbito de las Fuerzas Armadas, dijo, las denuncias recibidas se refieren al ejercicio de la violencia y los tratos crueles e inhumanos, además de la detención prolongada e injusta de tres suboficiales encarcelados en recintos militares por demandar el cumplimento de derechos constitucionales.
Otro dato alarmante es el incremento de los casos de muertes en conflictos sociales y los linchamientos, además de la sucesión de casos de muertes no esclarecidas y de abusos, cometidos en recintos de detención policial. En 11 meses se registraron 35 casos en los que se intentó linchar a supuestos ladrones. 10 personas terminaron asesinadas.
El Informe sobre derechos humanos destaca también los graves sucesos de la cárcel de El Abra, donde se develó la complicidad entre algunas autoridades policiales, administrativas y judiciales con la delincuencia y se evidenció la vulneración sistemática y planificada de los derechos humanos de la mayoría de los privados de libertad: la continuidad de la profunda crisis en el sistema judicial y el Ministerio Público que vulnera derechos elementales como el acceso a la justicia y debido proceso; los graves problemas que limitan el cumplimiento y respeto de los derechos laborales expresados, sobre todo en casos de acoso laboral y discriminación; y el aplazamiento indefinido de la Cumbre de Salud lo que ha postergado la posibilidad de encarar una reforma sustantiva al sistema.
Los derechos de los pueblos y naciones indígena originario campesinas, manifestó, continúan siendo vulnerados, incumplidos e ignorados, especialmente en ámbitos como la consulta previa; el pluralismo jurídico; el respeto a sus territorios y al medio ambiente; asimismo, se han evidenciado situaciones y expresiones de discriminación y racismo protagonizadas por autoridades políticas, que no han merecido sanciones ni posiciones claras de la institución responsable; los avasallamientos y afectación de la propiedad privada en algunas ciudades y poblaciones del país, además de la toma ilegal de yacimientos mineros, están generando conflictos cada vez más violentos.
En lo positivo, el Defensor destacó los avances en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, como la alimentación, el agua, la educación, la recreación, las tecnologías de la información y la comunicación, la salud, los servicios básicos y la vivienda, gracias a la disminución de la pobreza y el acceso de una gran parte de la población urbana y periurbana a las condiciones materiales que mejoran su calidad de vida. «Sin embargo estos avances continúan tendiendo el sesgo de la desigualdad entre las ciudades y las áreas rurales, y aún más respecto a los territorios y comunidades indígena originaria campesinas», manifestó.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia