La implementación de la justicia plural en el país aún está lejos de cumplirse debido a que la justicia ordinaria y la indígena originaria no terminan de complementarse y por el contrario, la indígena es concebida como una justicia «de segunda», manifestó este lunes el Defensor del Pueblo Rolando Villena en la Cumbre de Justicia Plural organizada por la institución defensorial y la Fundación Construir.
En su alocución a más de cincuenta asistentes, la autoridad manifestó que aún persiste entre abogados y jueces, la idea no desprovista de estereotipos discriminatorios, que la indígena es una justicia inferior que debe estar subordinada a la justicia ordinaria y, desde el otro ámbito, un aparente concepto que la justicia indígena otorga la libertad completa para actuar discrecionalmente sin respetar principios de derechos humanos e incluso disposiciones constitucionales.
«No existe ambigüedad en el texto constitucional e incluso la Ley de Deslinde Jurisdiccional contiene elementos muy claros respecto a las competencias y alcances, así como a los niveles de coordinación y cooperación entre ambos sistemas definiendo que aunque la función judicial es única, la jurisdicción indígena originaria campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y otras jurisdicciones legalmente reconocidas», manifestó.
Es tiempo que asumamos con mucha apertura y responsabilidad que el mandato de la Constitución establece la existencia del pluralismo jurídico como mecanismo, no sólo de interculturalidad, sino también de interjusticialidad. No debemos seguir negando esta realidad que se presenta de manera tan prístina en nuestra Carta Magna y que debemos asumir como una solución y no como un problema, buscando los caminos que nos conduzcan aplicar de manera eficiente la integralidad, la cooperación y la coordinación», indicó.
Defensor observó además, que por otro lado existe algunos extremos y una aplicación inequívoca de la justicia indígena, cuando se permite los linchamientos como sanción, el despojo de tierras a personas adultas mayores o viudas que quedan desprotegidas juntos a sus hijos e hijas o el silencio frente a hechos de violencia.
Para la autoridad defensorial existe el problema de que hasta ahora no se ha tenido la voluntad ni la decisión para materializar el mandato constitucional que establece que la función de impartir justicia se sustenta en los principios de no discriminación, igualdad, reciprocidad, independencia, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, estableciendo la igualdad jerarquía entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina.
Remarcó en la importancia de construir una justicia más humana, que busque menos el procedimiento y más el objetivo; que prefiera la justicia al derecho, cuando entren en contradicción; que busque el bienestar de todos, pero especialmente de las víctimas, los menos favorecidos y los más vulnerables.
«Una justicia que, por ejemplo, no permita que una niña que fue vejada tenga que repetir su tragedia catorce veces ante igual número de funcionarios antes que se decida procesar al delincuente; que una persona no tenga que pasar años detenido preventivamente; que los casos no sean priorizados, mejor tratados o solucionados con preferencia si se trata de ricos y poderosos; que la retardación no genere una cultura de impunidad en casos de linchamientos, violaciones o vulneraciones flagrantes de los derechos humanos; que deje de ser tan alto el porcentaje de audiencias suspendidas por la chicanería, que la justicia sea menos injusta», enfatizó.
Por la evidencia y los resultados, indicó, la crisis de la justicia en Bolivia es sistémica; heredada de un modelo histórico esencialmente injusto, antropocéntrico y depredador; un modelo que ha sintetizado en su sistema judicial las taras y las miserias más profundas de la discriminación, la corrupción, la desigualdad y la injusticia.
«Y la gravedad de la crisis hace mucho tiempo que mostró señales de catástrofe, lo que por ejemplo ha hecho coincidir a organismos como Naciones Unidas y la Unión Europea, con instituciones como la Defensoría del Pueblo y el propio Presidente del Estado que, de manera separada hemos llegado a la conclusiones similares que identifican problemas estructurales que no están encontrando vías de solución efectivas para responder a la demanda ciudadana», manifestó.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia