El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, aseguró hoy que las casas de acogida en el país, especialmente las que dependen del Estado, se encuentran en situación de precariedad, falta de recursos, ausencia de políticas especiales, falta de personal especializado y abandono, que las convierte en espacios donde se vulneran constantemente y de manera sostenida los derechos de la niñez y adolescencia que allí se encuentra.
La autoridad, en conferencia de prensa convocada para presentar el informe sobre el caso del niño Alexander Céspedes, señaló, además, que en Bolivia existen aproximadamente 30.000 niñas, niños y adolescentes que se encuentran en 76 Casas de Acogida, de los cuales el 26% han sido internados por maltrato físico y sicológico y 35% por abandono e irresponsabilidad paterna y/o materna.
En agosto del pasado año, la Defensoría del Pueblo inició la verificación e investigación sobre la situación de los menores que viven en centros de acogida, públicos y privados, trabajo que evidenció una serie de hechos que vulneran de manera sostenida y recurrente los derechos de esta población. En muchos de ellos se han tomado acciones para subsanarlos, sin embargo, remarcó, el problema es de tal magnitud y las condiciones en que se encuentran estas instituciones son tan precarias en términos de recursos, ausencia de políticas especiales, falta de personal especializado y abandono, que solo se aplican medidas coyunturales mínimas e insuficientes y el problema continúa.
Villena refirió que la Defensoría del Pueblo atendió varios casos graves de vulneración de derechos humanos sucedidos en estos espacios, entre los que se encuentran reglamentos que autorizaban la aplicación de castigos inhumanos contra niñas, niños y adolescentes infractores o el encierro en calabozos.
«En La Paz, entre las gestiones 2012 y 2013, hemos conocido de cuatro fallecimientos de niñas, niños y adolescentes que se encontraban en casas de acogida, uno de ellos aparentemente por suicido, además de otras cuatro denuncias de violación conocida por la Defensoría de la Niñez de La Paz, Todos los hechos señalados han sido de conocimiento de las autoridades, sin embargo la ausencia de mecanismos de seguimiento, vigilancia y control desde el Estado y la tendencia social a la invisibilización y el olvido voluntario, hacen que la situación no sufra cambios sustanciales o que se retorne a los mecanismos y conductas vulneratorias cuando dejan de ser temas de la agenda mediática», afirmó.
Situación de violencia contra la niñez
El Defensor explicó que la violencia que sufren las niñas, niños y adolescentes en Bolivia es uno de los principales preocupaciones de la institución, así como de organizaciones de la sociedad e incluso de otros países del mundo que «la han señalado de manera explícita durante el examen periódico universal sobre derechos humanos que el Estado Plurinacional de Bolivia rindió hace algunos meses en las Naciones Unidas».
«La violencia contra infantes, niñas, niños y adolescentes es un mal endémico de la sociedad boliviana y se inicia prácticamente desde su nacimiento y en su propio hogar para continuar luego en la escuela, el barrio, la comunidad, etc. y aunque es transversal, la reciben con mayor rigor, crueldad y recurrencia las niñas y adolescentes mujeres, que en muchos casos son víctimas de violencia sostenida por parte de padres, madres, hermanos, familiares, vecinos, compañeros de colegios o los grupos criminales organizados a través de la trata y tráfico de personas», manifestó.
Al respecto, mencionó que el año pasado se registraron al menos 73 infanticidios, de estos, 60 corresponden a muertes de infantes de 0 a 5 años; y 13 casos corresponden a menores entre 6 y 13 años. Del total de los casos, ocho fueron violaciones sexuales seguidas de muerte.
«Los datos sobre violencia sexual registraron 326 casos, 141 corresponden a menores de entre 0 a 12 años; y conocimos 185 casos de adolescentes entre 13 y 17 años, que fueron víctimas de violación, tentativa de violación o prostitución. Casi la totalidad de las víctimas de violencia sexual son mujeres, excepto 33 casos en que fueron niños menores de 12 años y adolescentes varones», informó.
Más adelante enfatizó que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado, sufren permanente y sistemática vulneración de sus derechos. «En relación a los casos de maltrato, abandono y ausencia de protección, hemos identificado la vulnerabilidad, precariedad y en muchos casos, el alto riego en que viven muchas infantes, niñas, niños y adolescentes institucionalizados, es decir aquellas y aquellos que por razones ajenas a su voluntad y condición, se encuentran de manera provisional o permanente en instituciones como las casas de acogida, los hospitales, los centros penitenciarios de adultos y los que acogen a las y los adolescentes en conflicto con la Ley, y las guarderías».
Informe sobre el caso Alexander
En relación a los resultados de la verificación defensorial que se realizó por el caso del bebé Alexander, Villena manifestó que su muerte «ha evidenciado graves vulneraciones a los derechos humanos tan claras y contundentes que deberían procesarse y sancionarse con la más absoluta celeridad, sin embargo han desnudado una vez más la absoluta precariedad y ausencia de políticas del sistema de institucionalización de niñas, niños y adolescentes en Bolivia y que se reflejan de manera más dramática en los centros de acogida dependientes del Estado».
Respecto de la investigación sobre este hecho, enfatizó que «consideramos que la forma en que se desarrolla el proceso de investigación, las actuaciones del Ministerio Público y la politización que se incorporó a este caso, están conllevando el riesgo que se repita lo ocurrido con la niña Patricia Flores».
El informe señala que «la atención proporcionada por cada uno de los servidores públicos que tuvieron contacto (con el bebé Alexander) no fue oportuna ni mucho menos prioritaria, ya que los médicos del Hospital del Niño lo reanimaron pero aparentemente fue la decisión adoptada de transferirlo al Hospital Juan XXIII lo que conllevó a la muerte del niño».
Entre las recomendaciones, planteó iniciar las acciones investigativas contra Cristina Rojas, ex Directora del Servicio Departamental de Gestión Social, para establecer responsabilidades sobre las denuncias presentadas en su gestión».
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia