El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, tras brindar un informe oral sobre las acciones que la institución que dirige impulsó en el caso «octubre negro», demandó al pueblo boliviano y a sus autoridades a pedir perdón a la ciudad de El Alto y a sus habitantes por 10 años de impunidad por los hechos sangrientos en octubre de 2003, pedido al que afirmó sumarse como un acto de desagravio.
«Yo como siervo de Dios me sumo a eso, me sumo porque al pedir perdón por todo aquello que nosotros tendríamos o pudiéramos haber hecho y no se lo hizo de la manera más coherente y en sujeción a nuestro mandato constitucional, asumo aquello, y esto amerita que se tome en cuenta como un acto de desagravio, como también entiendo que los diputados tendrán que ser parte de este mismo gesto», afirmó el Defensor.
Villena, tras casi tres horas de brindar informe oral ante la convocatoria de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, afirmó que lo único que se busca como institución que defiende los derechos humanos, es que la justicia no sea un privilegio de pocos sino sea un derecho de todo el pueblo y en ese sentido, ratificó la lucha permanente y constante contra la impunidad.
Presentó un amplio detalle sobre el trabajo realizado respecto de los hechos sangrientos de octubre de 2003, detalló las más de medio centenar de acciones que la Defensoría del Pueblo llevó adelante en gestiones para la indemnización de heridos y fallecidos, requerimientos, informes recomendaciones y resoluciones respecto del juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en el trámite de extradición del ex Mandatario y el pronunciamiento de 12 Defensores del Pueblo exigiendo a EEUU que dé curso a la extradición del ex mandatario.
De igual manera explicó lo realizado en los casos de Porvenir, donde se trabajó desde la Representación de Pando en gestiones para reconstruir el tejido social, además de seguimiento al proceso penal, y Sucre donde la institución priorizó el apoyo a las víctimas de discriminación y el seguimiento a los procesos judiciales que actualmente continúan en curso.
Villena recalcó que la investigación y sanción de hechos que vulneran derechos humanos y que han sido denunciados oportunamente, son responsabilidad de las instancias determinadas por la Constitución y las leyes, y «si una entidad del Estado no cumple con esa responsabilidad de manera oportuna, transparente y eficiente, aun con nuestra advertencia y recomendaciones, podemos reclamar, denunciar, exigir y demandar, pero es el mismo Estado a través de sus Órganos competentes como la Asamblea Legislativa o el propio Ministerio Público, los que están en la obligación de investigar, rectificar, sancionar o procesar a la instancia que incumple sus funciones», sentenció.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia