La vida y la integridad son los derechos más vulnerados de las y los infantes, niños y adolescentes bolivianos que a diario enfrentan hechos de violencia, abandono y explotación, por causas como la negación de la sociedad y del Estado a reconocerlos como sujetos de derecho, afirmó este sábado el Defensor del Pueblo, Rolando Villena a propósito del Día de la Niña y el Niño.
La autoridad defensorial, quien llegó de Brasil luego de realizar una verificación a la situación de las y los bolivianos que viven en ese territorio, manifestó que este 12 de abril debe ser un día de reclamo, demanda, exigencia y protesta por una realidad que muestra que la infancia, la niñez y la adolescencia en Bolivia, son la población más duramente violentada en sus derechos. «Paradójicamente aquellos derechos que proclamamos como los más esenciales y que hemos reconocido en convenciones, leyes, decretos y en la propia Constitución», reclamó.
Esta realidad, dijo, queda en evidencia con datos de estudios que revelan que ocho de cada diez niñas, niños y adolescentes en Bolivia sufren algún tipo de violencia o los 73 infanticidios ocurridos en 2014 y que fueron informados por medios de comunicación, cifras que con seguridad debe ser mayores si se considera, las muertes de menores cometidas por omisión, como son las que se producen por falta o una deficiente atención en salud.
Recordó que meses atrás se conoció de entre 5 y 6 muertes de recién nacidos por mes en un hospital de Potosí, producto de la falta de equipos y atención en las unidades de neonatología; asimismo, acotó que desde 2014 y abril de este año, por lo menos cinco hospitales que internan recién nacidos han reportado de colapsos en las mismas unidades, lo que podría estar multiplicando pavorosamente la muerte de infantes.
«Incluso el hospital de niños de La Paz, uno de los más grandes y equipados del país ha informado públicamente que entre cuatro y cinco niños que requieren atención urgente son rechazados diariamente; el hospital Maternológico de Cochabamba tiene apenas 11 cunas en el área de neonatología y esta situación se registra también en unidades de quemados, en emergencias y en áreas de enfermedades terminales», indicó.
Por otro lado, dijo, el análisis de los datos que tiene la Defensoría respecto a la violencia contra niñas y niños muestran que La Paz ocupa el primer lugar en infanticidios en 2014, con el 46% de los casos seguido de Cochabamba con 18% y Santa Cruz con 13%. El 38% tuvo como víctimas a menores de un año y el 23% a menores entre 2 y 5 años. En el 41% de los casos de asesinatos a niñas y niños no se tenía certeza del responsable, mientras que en el 38% los crímenes fueron perpetrados por sus propias madres o padres.»
En relación a la violencia sexual, los medios de comunicación informaron sobre 326 casos de violencia sexual en 2014, de los cuales 141 corresponden a menores de entre 0 a 12 años; y 185 casos de adolescentes entre 13 y 17 años. Casi la totalidad de las víctimas de violencia sexual son mujeres. Esas cifras son parciales y corresponden únicamente a los casos que se conocieron públicamente», manifestó.
En los casos de violencia sexual, el 34% fueron cometidos en Santa Cruz y el 32% en Cochabamba; el 41% de las víctimas de violencia sexual tenía menos de 10 años y el 29% entre 11 y 15 años. El 65% de los casos de violencia sexual fue cometido por personas sin ninguna relación de parentesco con la víctima, lo que nos está indicando que la inseguridad se ha acrecentado a otros ámbitos más allá del familiar, mientras que el 16% fue cometido por el padreo padrastro.
De acuerdo con Villena, la afectación de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país es multicausal y se origina en una visión adulto-centrista que se tiene y que plantea que es el adulto el único que puede crear, tener, admitir y otorgar derechos; en la ausencia de un reconocimiento social de las niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derechos cuando la sociedad asume que ellas y ellos no pueden tomar decisiones o ejercer derechos sino a través de terceros; en el patriarcado, que se refleja en el ejercicio de la violencia y la discriminación sistemática y permanente sobre las niñas desde su más tierna infancia; en la incapacidad, complicidad y falta de compromiso de las instituciones del Estado que se limitan a dictar leyes sin asumir medidas efectivas en el ámbito de la protección; y, finalmente, en la violencia en la que viven muchas familias y que se expresan en los castigos permanentes, los insultos, las amenazas y las violaciones dentro de los hogares.
«Tengo la firme convicción, ahora más que nunca que para revertir esta situación es necesario, en primer lugar la organización de la niñez y adolescencia y la promoción de su capacidad jurídica como sujetos de derecho para demandar, exigir y reclamar por sus propios derechos», manifestó.
Denuncias
El Defensor destacó que las y los niños y adolescentes han tomado conciencia de denunciar la vulneración de sus derechos, lo cual se ha podido observar en el aumento de las quejas recibidas y atendidas en la Defensoría del Pueblo. De 689 casos en 2012 a 1.077 en la gestión 2013 y a 1.402 el año pasado.
«Esto muestra que la idea de que ellas y ellos deben aprender a defender, denunciar y reclamar, poco a poco va creciendo y asumiéndose en esta población como una necesidad casi de supervivencia. Para nosotros queda claro que si esperamos que el Estado, desde su incapacidad y la sociedad desde su insensibilidad, e incluso las instituciones y organizaciones, desde su afán de protagonismo y superficialidad, resuelvan estos temas tendremos que esperar cambios que nunca llegarán», indicó.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia